La frustración de las VPP

JOSÉ PARRILLA VALENCIA El Ayuntamiento de Valencia y el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) han entregado ya este año alrededor de 400 viviendas de protección pública (VPP), pero hasta en un 66% de los adjudicatarios no consigue un crédito bancario y tiene que renunciar a ellas, una situación que el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, considera "frustrante". Pide, por tanto, una mayor presión del Gobierno central sobre los bancos para que las ayudas multimillonarias que les ha concedido repercutan en los ciudadanos.
Bellver y el gerente del Ivvsa, Javier Sogorb, visitaron ayer cuatro promociones del barrio del Carmen que ya están terminadas y que empezarán a entregarse en algunos casos antes de Navidad. Según Sogorb, estas cuatro promociones, repartidas entre las calles Arolas y Carrasquer, reúnen 76 viviendas, de las cuales 52 son para vender y 24 se destinan al alquiler.
El tamaño de los pisos oscila entre los 40 y los 90 metros cuadrados y el precio medio para una vivienda de 80 metros es de 125.000 euros. Si es de alquiler, la mensualidad ronda los 350, cantidades que unidas a la calidad de la construcción y a la modernidad de muchas de ellas las hace muy atractiva para la gente joven, dijeron.
El problema viene cuando se produce el sorteo y hay que acudir a un banco para pedir una hipoteca. Según Bellver, más del 50% de los adjudicatarios no consigue la financiación y en algunas promociones se ha llegado al 66%, lo que les obliga a renunciar a la vivienda e ir corriendo la lista hasta encontrar un comprador capaz de afrontar el pago.
Hasta ahora no ha habido problemas para venderlas todas porque la demanda es alta, pero la situación es muy frustrante para quienes ya se ven con una casa en propiedad y no pueden acceder a ella.
"Esa es una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona -explicó Bellver-, porque si no les toca pueden pensar que no han tenido suerte, pero verse ya dueños de una casa, con nombre y apellidos, y luego quedarse sin ella es lo peor".

Presión a los bancos
Por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat el concejal de Urbanismo cree que no es posible hacer nada al respecto, pues "se trata de promociones públicas cuyas reglas están muy definidas".
Quien puede mejorar la situación, a su juicio, es el Gobierno central, al que pide que presione a las instituciones financiera para que las ayudas millonarias que les han sido concedidas repercutan en los ciudadanos y muy concretamente en los adjudicatarios de viviendas públicas, que ya "están muy primadas por las administraciones", dijo.
Independientemente de las decisiones que se tomen al respecto, Bellver y Sogorb aseguraron que seguirán apostando por este tipo de edificaciones. El concejal dijo que la empresa municipal Aumsa tiene 300 viviendas en propiedad dedicadas al alquiler y recordó que en el futuro Plan General será obligatorio dedicar el 61% de las promociones a protección pública.