JOSÉ PARRILLA VALENCIA
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La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, exigió ayer una negociación urgente del Gobierno central con los chiringuitos de Pinedo y El Saler, que han recibido una carta de la Dirección General de Costas advirtiéndoles que tienen de plazo hasta el 1 de enero para retirar las terrazas y cerramientos que excedan de los 150 metros permitidos. Su petición se produce apenas dos semanas después de que la concejala de playas, Lourdes Bernal, expresara su deseo de buscar una solución general para todos los establecimientos de la Comunitat Valenciana y no negociar ciudad por ciudad, como habían propuesto los chiringuitos y asumido Costas.
La alcaldesa se pronunció en estos términos tras reunirse con representantes de los 8 restaurantes de Pinedo y El Saler y con la Federación de Hostelería.
Barberá recordó que la Ley de Costas no ha cambiado y que con esta ley se han concedido las licencias que tienen los restaurantes y se han renovado año tras año. Así pues, entiende que los afectados estén dispuestos a ir a los tribunales. "Y yo con ellos", añadió.
Antes, de todas formas, pidió al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, que se siente a negociar una solución al problema. Ella misma lo telefoneó ayer para pedirle que lo haga, anunció.
En realidad, esa posible negociación ha estado siempre sobre la mesa. Los propietarios de los chiringuitos de la Malva-rosa, que están en la misma situación que Pinedo y El Saler y que esperan la carta de Costas en los próximos días, ya pidieron al ayuntamiento que recogiera en su normativa municipal la "excepcionalidad" de estos locales (están en un paseo marítimo urbano, son todos iguales etc.) para acogerse al artículo 65 de la Ley de Costas y poder abrir una negociación a la que el Gobierno siempre ha estado abierto, tal como han comentado los propios hosteleros y repitió ayer el delegado del Ejecutivo.
Medidas generales
No obstante, el Ayuntamiento no se ha sentado con los dueños de chiringuitos a estudiar esta posibilidad ni ha dado muestras de querer impulsar ninguna negociación. El pasado 30 de noviembre, tras una reunión de los concejales de Castelló, Valencia y Alicante con los consellers de Governació y Turisme, la responsable de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, defendió el acuerdo adoptado en la reunión de reclamar las competencias para la Generalitat y pedir una moratoria en los derribos. En su opinión, era necesario adoptar medidas para toda la Comunitat y no negociar ciudad por ciudad o playa por playa, como han hecho poblaciones como Alicante con éxito.
Ha sido ahora, tras la llegada de las cartas a los chiringuitos, cosa que, por otra parte, se sabía desde el mes de marzo, cuando se ha producido la reunión y la petición de negociación. A las palabras de Peralta diciendo que el Gobierno aplica la ley de Costas como el ayuntamiento la norma sobre las terrazas de los bares, Bernal respondió que su concejalía estudia caso por caso y que eso es lo que quiere que ocurra con los chiringuitos de playa.