La segunda fase de la Tabacalera tiene un 43% de sobrecoste

PACO VAREA VALENCIA El área de Grandes Proyectos de la que depende la empresa Aumsa, y a cuyo frente esta el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, se ha visto obligada a pedir un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para ejecutar el II proyecto modificado de las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de Tabacos.
El documento del CJC es obligatorio cuando las modificaciones de los proyectos representan un incremento de la cuantía del contrato superior al 20% del precio inicial. Así figura en la documentación que aprobó la Junta de Gobierno Local en su última reunión. En concreto, el modificado para ejecutar nuevas obras en el edificio de Tabacalera, convertido hoy en edificio consistorial, tiene un coste de 51,9 millones de euros y supone un aumento de 8,5 millones respecto al primer modificado y un incremento de un 43,8% respecto al proyecto inicial.
Lo curioso es que el documento y las obras, todavía sin ejecutar en su totalidad, se prevén sin tener dotación en el presupuesto de 2010 y ya se indica la necesidad de incluir esa cantidad en una de las modificaciones de crédito del próximo año.
El origen de la redacción del II proyecto modificado de nuevos requerimientos se debe a la adaptación al uso de edificio administrativo del inmueble.
Así, las nuevas necesidades se resumen en las peticiones que el propio ayuntamiento ha hecho para modificar zonas de trabajo y separarlas del resto de funcionarios de rango y también se hará en los espacios de las nuevas concejalías. En el segundo caso se recogen demandas del área de Grandes Proyectos.
Estos trabajos no son los únicos. Así, se harán también obras provisionales debido al retraso en la ejecución de las obras colindantes del aparcamiento público y de la urbanización del entorno y se añadirán obras de recuperación de elementos originales.
Otras labores a desarrollar en los edificios protegidos se centran en la necesidad de corregir o completar algunos acabados para mejorar la valoración patrimonial del inmueble y su mantenimiento posterior.
Además, se han realizado nuevos hallazgos que obligan a actuaciones de mayor relevancia de las previstas, según la memoria justificativa. El ayuntamiento ha decidido adjudicar el trabajo a la empresa que hace las obras.