Los chiringuitos de Pinedo y El Saler quitarán sus terrazas tras el fracaso de la negociación

JOSÉ PARRILLA VALENCIA La reunión del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, con los representantes de los chiringuitos de Valencia terminó en fracaso. Después de dos horas de conversaciones no fueron siquiera capaces de emplazarse a una nueva cita. Sus diferencias sobre el tamaño de las terrazas parecen insalvables y el 1 de enero estos cerramientos desaparecerán de los restaurantes de Pinedo y El Saler. Para los dueños de los locales, se trata de un ataque al modo de vida de Valencia. Para Peralta, el cumplimiento de la ley.
El encuentro de ayer, celebrado en el Palacio del Temple, venía precedido de una semana muy tensa. El Gobierno había enviado cartas a todos los restaurantes de Valencia renovando sus concesiones y advirtiéndoles de que el 1 de enero para Pinedo y El Saler, y el 1 de julio para la Malva-rosa, deberían ajustar sus locales a lo marcado por la ley, es decir, no superar los 150 metros cuadrados de superficie. Eso significa que no pueden tener terrazas ni cerramientos, pues los locales ya tienen esa superficie y en muchos casos la superan.
Esto ha indignado a los dueños de los restaurantes, que tenían en marcha una negociación con Costas, y al PP, sobre todo a la alcaldesa Rita Barberá, que ha hecho suya esa indignación y se ha puesto al frente de la protesta contra el Gobierno. Incluso los socialistas valencianos, por boca de su secretario general, Jorge Alarte, habían pedido una negociación urgente para salvar estos negocios.
En estas circunstancias, las posiciones se presentaban muy firmes. Y así pasó. Al término de la reunión, Peralta explicó que no había habido acuerdo, aunque al menos había servido para "clarificar las posiciones". La suya, que es la oficial, es que los locales de Pinedo y El Saler deben ajustarse a los 150 metros de superficie y, como ya ha ocurrido este año, añadir 50 metros de terraza, una opción permitida por Costas en cumplimiento del artículo 65 de la ley, que contempla ciertas excepciones. Si lo solicitan para 2010, cosa que aún no ha ocurrido, se les concederá también, dijo.

Indignación de los hosteleros
Para el representante de los hosteleros, Juan Carlos Gelabert, la reunión había sido "totalmente decepcionante". En su opinión, los restaurantes deben quedarse como están en la actualidad y como se viene autorizando periódicamente desde el año 1988. A lo sumo podrían reducir las terrazas a 150 metros, pero "con 50 metros no tiene sentido trabajar, es inconcebible".
Así pues, el día 31 desmontarán las terrazas de Pinedo y El Saler y "dejarán de dar servicio a los valencianos y a las personas que nos visitan". "Esto es un ataque directo al turismo, al pueblo valenciano y a todos los pueblos de España", dijo Gelabert, quien advirtió que unos "burócratas", apoyándose en "reglamentos antiguos", no pueden acabar con "nuestra forma de vida".
Su siguiente paso será buscar un interlocutor en Madrid y recabar el apoyo de las administraciones valencianas, convencido, como está, de que se debe y se puede cumplir la ley. "No voy a consentir -dijo- que se digan mentiras. Con la ley en la mano tenemos argumentos para defender nuestra posición", sentenció.
Por su lado, el delegado del Gobierno explicó que los chiringuitos no están en cuestión. Lo que está en el punto de mira de Costas son las terrazas que se han montado tras su construcción y que superan los limites legales.
Para estas terrazas, explicó Peralta, ya se ha aplicado la excepcionalidad que contempla la ley y se han concedido 50 metros cuadrados, pero "lo que no se puede hacer -dijo- es convertir lo excepcional es una norma".
Peralta cree que durante la reunión la situación se planteó con toda claridad y que "ahora la pelota está en el tejado de los hosteleros". "Si ellos quieren mantener su postura saben que no es posible", pero "si hacen un esfuerzo por acercarse a la legalidad encontrarán buena disposición por parte de la Administración", aseguró.
En última instancia, el delegado del Gobierno recordó que la Administración "no está para velar por los intereses de una asociación de hosteleros, sino de todos los usuarios de las playas".