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JOSÉ PARRILLA VALENCIA
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia se han dirigido a los máximos representantes del Gobierno central para pedir una negociación urgente que salve las terrazas de los chiringuitos y una demora en las sanciones. Lo hacen después de que la negociación con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, terminase en fracaso por las diferencias sobre el tamaño de las terrazas, que para Costas no debe superar los 50 metros y que para los hosteleros no debe ser inferior a los 150.
La primera iniciativa vino de las consellerias de Governació y Turisme, que ayer se reunieron de nuevo con los concejales de playas de Valencia, Alicante y Castelló y con la Federación de Hostelería. Tras la reunión, el conseller Serafín Castellano anunció el envío de una carta a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, pidiéndole una reunión antes de fin de año. Según Castellano, ya le hicieron esta petición el 14 de diciembre y han tenido "la callada por respuesta".
Han pedido, así mismo, la creación de una comisión mixta para negociar el traspaso de las competencias a la Generalitat, lo mismo que ha ocurrido con Andalucía. Y mientras esto no ocurra, piden una moratoria para los locales de Valencia, de manera que puedan seguir operando a partir del 1 de enero sin ser sancionados. Castellano se mostró convencido de que es posible llegar a un acuerdo en los próximos "dos, tres, cuatro meses" y que mientras tanto los chiringuitos "sigan trabajando sin la espada de Damocles sobre sus cabezas". "Eso es lo sensato", dijo.
Por su parte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia han dirigido un escrito a la Demarcación de Costas pidiéndole que acepte las propuestas de los hosteleros y les conceda una moratoria, un proceso negociador en el que piden que les tengan en cuenta como "parte interesada".
En ese escrito, además de defender el derecho de los chiringuitos a mantener su situación actual después de al menos ocho años de concesiones sucesivas, recuerdan que el Ayuntamiento tienen competencias en materia turística, obligaciones presupuestarias y otras circunstancias como que algunas de estas instalaciones dan cobijo a servicios municipales como postas sanitarias.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró ayer que cuando el Partido Popular llegue al Gobierno central, los chiringuitos de las playas de Pinedo y El Saler "volverán a la situación actual", con terrazas de 150 metros cuadrados, algo que les permitió la administración central en 1999. Asimismo, criticó la "arbitrariedad" y la "falta de sensibilidad" del Ejecutivo nacional, que ahora pide a estos establecimientos que los espacios libres sean de 50 metros cuadrados. La responsable municipal consideró que no llegar, por parte del Gobierno central, a un acuerdo con los hosteleros de estas zonas para que las terrazas sean más grandes y dejarlas, sin embargo, en 50m2 es "una falta de sensibilidad" que supone "una actuación caprichosa, arbitraria y muy alejada de la realidad". Rita Barberá aseguró que esta medida responde a tener "ganas de fastidiar" y recordó que "rectificar es de sabios".
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