JOSÉ PARRILLA VALENCIA
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El sindicato CSIF ha criticado el "secretismo" con el que se está programando el traslado de los funcionarios de la Delegación del Gobierno y atribuye la demora de los trabajos a la exigencia de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, de disponer de un amplio despacho en las dependencias a las que se marcharán temporalmente. Para la delegación del Gobierno, esto no es más que "una interpretación fantasiosa" que responde a una estrategia política previamente determinada.
El traslado de los aproximadamente cien funcionarios de la Delegación del Gobierno está previsto para los primeros meses de 2010, ya que en esas fechas comenzarán las labores de rehabilitación del Palacio del Temple, su sede actual. La idea es que el grueso de los trabajadores vaya a una planta del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, en la calle Colón, y el resto a la Subdelegación del Gobierno, en la calle Beltrán Báguena.
No obstante, el CSIF asegura que "de un tiempo a esta parte se ha producido una paralización" que ha provocado incluso la caducidad del contrato que tenían con la Seguridad Social. "La razón principal -añade el sindicato- radica en el deseo de Teresa Fernández de la Vega de disponer de un amplio despacho en la Tesorería para realizar gestiones y reuniones en sus visitas a Valencia". Tal es la situación, dicen, que en principio estaba previsto alquilar sólo la tercera planta y ahora se va a alquilar también la séptima.
Así las cosas, el CSIF exige que se mantenga informados a los funcionarios y que no se demore el traslado por los deseos de la vicepresidenta.
Réplica oficial
Ante estas manifestaciones, hechas públicas a través de un comunicado, la Delegación del Gobierno emitió otro para rechazar "por falsa y carente de cualquier fundamento la fantasiosa interpretación del retraso".
A su juicio, se trata de "una interpretación política, fruto exclusivo de su voluntad de servicio a una determinada estrategia y que queda contradicha por la evidencia de que la planta adicional que va a ocupar la Delegación está destinada a la Abogacía del Estado y Protección Civil".
"Quizás la ausencia de afiliados del CSIF en ambos servicios justifique esa voluntad de inventar explicaciones sesgadas y partidistas que podrían haber comprobado con una consulta a la Delegación", afirma.