PP y PSPV reclaman una moratoria para los chiringuitos y un cambio de la Ley de Costas

JOSÉ PARRILLA VALENCIA Populares y socialistas se pusieron ayer de acuerdo para reclamar al Gobierno una moratoria en las sanciones a los chiringuitos de Pinedo y El Saler, así como pedir un cambio de la Ley de Costas, cambiar los planeamientos urbanos para darles la categoría de restaurantes, y reclamar las competencias para el Consell, todo ello encaminado a evitar que el 1 de enero tengan que retirar sus terrazas y se abra una negociación.
El acuerdo se produjo ayer en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, en el que estuvieron presentes representantes de los restaurantes afectados. Una portavoz de los mismos reclamó "un posicionamiento unánime y sin fisuras" en defensa de sus negocios y para evitar la "situación límite" en la que están ahora, a dos días del cierre de sus terrazas bajo amenaza de fuertes sanciones.
Y la petición surtió efecto. La iniciativa partió de la concejala de Playas, Lourdes Bernal, quien presentó una moción en la que se insta al Gobierno a aplicar una moratoria en las sanciones para así poder negociar "las posibles soluciones"
Propone, así mismo, solicitar un inminente estudio para modificar la Ley de Costas de 1988 con la finalidad de que se diferencie entre chiringuito y restaurante atendiendo a su ubicación en un paseo marítimo o sobre la arena. Para Bernal, la ley contempla excepciones y "estamos en una situación angustiosa" provocada por la "ceguera" del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, a quien acusó de estar echando "un pulso a la alcaldesa".
Para los socialistas, esta propuesta era "oportuna" y la compartían, pero su portavoz de Medio Ambiente, Carmina del Río, pidió que sea el Ayuntamiento el que lidere esos cambios de la Ley de Costas y certifique la singularidad de estos establecimientos modificando el Plan Especial de Ordenación del Paseo Marítimo de la Malva-rosa, que afecta a los 14 chiringuitos de esta playa, y el Plan Rector de Usos y Gestión de la Albufera (PRUG), que afecta a los seis locales de Pinedo y los dos de El Saler.
"Por la vía de la confrontación -dijo- no resolveremos nada".
A esta propuesta respondió el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, quien advirtió que para comprometerse a cambiar estos planeamientos necesitan la garantía de la Dirección General de Costas de que va cambiar la ley en la dirección acordada. Reclamó un compromiso previo.
El PP también solicitó, aunque no consta en la moción, las competencias para la Generalitat Valenciana en lo referente a la ordenación del espacio marítimo terrestre, como ha acordado el Consell, una cuestión a la que el PSPV sólo añadió que también habrá que informar a las Corts Valencianes para que se modifique el Estatut de Autonomía en este sentido.
Al final, recogidas todas estas propuestas, El PP y el PSPV votaron a favor de la moción, a la espera de que la moratoria se decrete inmediatamente. De hecho, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, advirtió que si no había moratoria no llegaría a acuerdos con los socialistas.

Los ecologistas piden que se cumpla la ley

Acció Ecologista-Agró acusó ayer a los beneficiarios de los chiringuitos playeros y la Administración del Estado de incumplir sistemáticamente la ley de Costas durante 20 años y recriminó al PP, al PSPV y a determinados medios de comunicación que "den soporte" al incumplimiento de esta ley, alentando la quiebra del estado de Derecho. Para los ecologistas, estos colectivos e instituciones estan escondiendo "el daño que supone hacer un negocio privado a costa de un bien público".AE-Agró defiende que los establecimientos playeros "degradan los valores naturales al ocupar un terreno que podría dar cabida a especies autóctonas de las dunas, además de generar molestias en la época de cría con suciedad, ruido y contaminación lumínica". La organización pide a a los políticos que "dejen de hacer demagogia" y antepongan el respeto por las leyes, la naturaleza y la biodiversidad "a la defensa de intereses económicos privados generados gracias a la explotación y deterioro del patrimonio natural de todos los ciudadanos".
La ley de Costas data de 1988 y "constantemente" se ha ido aplazando su cumplimiento, tanto en épocas de bonanza como en recesión, y añaden que consentir negocios privados a costa de un bien público "forma parte de la mentalidad que ha provocado la actual crisis económica". J. SIERRA VALENCIA