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H. GARCÍA VALENCIA
Las reacciones de uno y otro lado a la orden del Ministerio de Cultura que obliga al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat a parar el plan urbanístico del Cabanyal siguieron ayer. La secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, anunció que los socialistas presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para pedir a la Generalitat que de forma inminente diseñe y ejecute un plan de rehabilitación del barrio. Se trata de un Bien de Interés Cultural que es "símbolo de la identidad de Valencia", recalcó Martínez. La orden ministerial, derivada de una sentencia del Tribunal Supremo, determina que el plan, aprobado en 1998, que parte en dos el barrio "desfigura" el conjunto histórico y supone expolio del patrimonio.
El PSPV de la ciudad también prepara varias iniciativas institucionales para emplazar al gobierno local y autonómico a reconducir los objetivos del plan Confianza de modo que los 29 millones de euros previstos para expropiaciones y derribos de casas en el area BIC del Cabanyal se destinen a la rehabilitación. El precio de las expropiaciones para unir Blasco Ibáñez con el mar supera los 180 millones, mientras que la rehabilitación de 800 viviendas prevista en el convenio suscrito hace tres años entre Gobierno,y Generalitat y ayuntamiento para rehabilitar el Cabanyal -prácticamente sin ejecutar- costaría 10 millones de euros. "Rehabilitar es infinitamente más económico que derribar y además genera empleo", recalcó ayer la portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Carmen Alborch, cuyo grupo también pedirá que se revisen las obras del segundo plan Zapatero para incluir proyectos de innovación y mejora urbana para el Cabanyal.
Los gobiernos autonómico y local, ambos del PP, han hecho frente común contra dictamen del Gobierno socialista que tumba el plan urbanístico y han anunciado un recurso contra la paralización de los derribos en la Audiencia Nacional. La consellera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, anunció que están dispuestos a modificar el BIC del Cabanyal para dar amparo al plan. La diputada socialista en las Corts Clara Tirado calificó de "ridículo" querer "cambiar una ley 'ad hoc' con efecto retroactivo con el objetivo de impedir el cumplimiento de manera torticera de una sentencia del Supremo y de una orden ministerial". El secretario general adjunto del PP en las Corts, José Marí Olano, le dio la réplica y dijo que los socialistas "quieren conseguir con los informes del Ministerio de Cultura lo que no han conseguido de otras formas". "Cuando no consiguen algo en las urnas, frenan la prosperidad de los valencianos de todas las formas a su alcance".
En medio del cruce de acusaciones políticas, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, reclamó ayer a las administraciones un acuerdo para regenerar el barrio y "poner fin a la degradación que ha dado pie a que mucha gente apoye los derribos".
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