Barberá amaga con querellarse contra el Gobierno por prevaricación en el Cabanyal

HORTENSIA GARCÍA VALENCIA Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, de un lado, y Gobierno, de otro, volvieron a tirarse ayer el plan del Cabanyal a la cabeza, esta vez, desde el terreno judicial. La alcaldesa, Rita Barberá, ordenó a los servicios jurídicos municipales que estudien penalmente la orden de la ministra de Cultura que decreta la paralización del plan urbanístico que parte en dos barrio declarado Bien de Interés Cultural, porque considera que incurre en posible prevaricación y extemporaneidad.
La alcaldesa aduce que Ángeles González-Sinde -dirigida desde Vicepresidencia- ha firmado una orden que obvia las sentencias del Tribunal Supremo que avalan que el Pepri no representa expolio al BIC. Dichas sentencias no entran a valorar el expolio sólo la legalidad del plan urbanístico y así lo recoge expresamente la de mayo de 2009 del Tribunal Supremo que, entonces sí, ordenó al ministerio informar de la existencia o no de expolio en el Cabanyal.
La alcaldesa compareció con el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, tras la reunión en la que se habilitó a la sociedad pública Cabanyal 2010 para llevar a cabo la obras, expropiaciones y derribos previstos en el barrio con cargo al plan Confianza. Ambos abanderaron el Estado de Derecho y cargaron contra la injerencia del Gobierno, definida por la alcaldesa como "exabrupto", "ataque desmesurado" y "terremoto". Cotino acusó al Gobierno de paralizar el progreso de la ciudad y de encargar "informes jurídicos a medida". Barberá advirtió de que la paralización del plan especial supondrá "más degradación". La alcaldesa exhibió inversiones y obras de mejora en el barrio cifradas en 300 millones, un tercio en ejecución. Citó el Jardín de la Remonta y el Teatro Musical como nuevos proyectos para el barrio.
En un comunicado, la portavoz del PSPV, Carmen Alborch, replicó que "la inversión de Barberá en el Cabanyal en sus 18 años de gobierno es claramente insuficiente y basta darse una vuelta por el barrio para constatarlo". Alborch salió en defensa de González-Sinde y dijo que "ha actuado en el ejercicio de las competencias contra el expolio del patrimonio que le concede la ley y en cumplimiento de dos sentencias" judiciales. "Es la Generalitat quien ha invadido competencias que no le son propias con un decreto ley para dejar sin efecto la orden ministerial y burlar la ley de patrimonio", dijo.

El Pepri en "Informe Semanal"
La alcaldesa, desoyendo la orden ministerial, insistió en que el Pepri se llevará a cabo según los plazos previstos, que no concretó fechas. Los vecinos de Salvem el Cabanyal han advertido que se movilizarán si las excavadoras vuelven al barrio. Los derribos más inminentes afectan a cuatro edificios ubicados en los números 27, 29, 31 y 61 del bulevar San Pedro. Barberá se preguntó ayer si el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta -al que se refirió como un "activista" por "llamar a la rebeldía jurídica" a los ciudadanos para que recurran el decreto ley del Consell que blinda el Pepri-le enviará a la policía nacional para impedir la ejecución del plan.
Rita Barberá rechazó que al ayuntamiento y al Consell se les puede imputar "la culpabilidad de la degradación de El Cabanyal" como plantearía el Gobierno. La alcaldesa dijo -exhibiendo la memoria del PGOU de 1988- que fue el PSPV cuando gobernaba quien incluyó la gran avenida hasta el mar como "objetivo irrenunciable" aunque luego no se atrevieron a hacerla.
La alcaldesa cargó contra los socialistas, contra la plataforma de afectados Salvem el Cabanyal a los que acusó de violentos, e incluso contra los medios de comunicación que se hacen eco de la polémica. Barberá aludió al reportaje sobre el Cabanyal que emitirá el programa "Informe Semanal" de TVE exigiéndoles que enseñen las obras realizadas y previstas para mejorar el barrio. "Qué saquen eso también", reclamó.