Los vecinos irán al juzgado si vuelven las máquinas

CÈSAR GARCIA VALENCIA Los vecinos ya han empezado a movilizarse para evitar que vuelvan las máquinas excavadoras al barrio. Su estrategia es mantener una resistencia "pacífica" porque el plan urbanístico está parado por la orden del Ministerio de Cultura, según declaró ayer la portavoz de la plataforma Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech, que añadió que ya se ha corrido la voz entre los habitantes de la barriada para estar alerta y si observan la presencia de alguna excavadora acudir inmediatamente al juzgado para pedir la inmediata paralización de cualquier derribo. La Generalitat mantiene que, tras el decreto-ley aprobado, la sociedad Cabanyal 2010 puede reemprender la demolición de las casas afectas por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
Doménech apuntó que Salvem ha organizado una asamblea, el próximo miércoles, en el Ateneo Marítimo, para informar a los vecinos y afectados de la campaña de movilizaciones y acciones que van a llevar a cabo, entre las que se incluirá una denuncia ante la Delegación del Gobierno si se produce algún derribo, por la situación de "peligro del patrimonio", expone la portavoz, que resalta que el "único objetivo" de los vecinos es "defender el barrio en el que todos vivimos. "Si viene un grupo de operarios a derribar una sola casa, nos vamos a interponer entre las máquinas y las casas", alertó para rechazar el calificativo de violentos que les lanzó la alcaldesa Rita Barberá.
Para los miembros de Salvem, el decreto-ley aprobado el jueves por el Consell es "inútil" y el PEPRI del Cabanyal debe seguir paralizado, pues continuará el proceso judicial en el Tribunal Constitucional, tras los recursos anunciados por el Consell y ayuntamiento.
Segundo decreto-ley que firma el Consell
El decreto-ley del Consell que autoriza las obras del plan del Cabanyal, después de ser suspendidas por el Ministerio, es el segundo que aprueba un Gobierno de la Generalitat. El PP podría solicitar formalizar esta figura jurídica, regulada por primera vez en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2006, como proyecto de ley en Las Corts. El primer decreto-ley, en junio de 2008, regulaba medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.