?
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia le mantienen el pulso al Gobierno y se niegan a paralizar, en cumplimiento de la orden de 29 de diciembre del Ministerio de Cultura, el plan especial del Cabanyal por constituir expolio contra el patrimonio histórico y entretanto se "adapta para la protección de los valores históricos" del barrio. La prueba, además de las declaraciones del gobierno local de que los derribos seguirán adelante, es que a los vecinos afectados por la apertura del bulevar San Pedro les han empezado a llegar esta semana las actas de ocupación de sus viviendas. La calle (y futuro bulevar) San Pedro, que pasa por ser la más antigua del barrio, se ha convertido en la zona cero de la degradación del Cabanyal. Edificios semiderruidos y ocupados por familias que se dedican al trapicheo de droga, solares vacíos, inmundicia y marginalidad se han adueñado de la zona.
El denominado bulevar San Pedro se encuentra fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural, si bien la orden paralización del plan del Ministerio de Cultura -que aún no habría sido recurrida por las administraciones valencianas- tiene alcance en todo el conjunto histórico.
La Generalitat inició en 2007, ante la falta de acuerdo con los vecinos, el primer proceso de expropiación en el Cabanyal. Lo hizo por la vía de urgencia que se aplica en casos excepcionales como catástrofes naturales. Los cerca de 70 vecinos afectados por la apertura del bulevar San Pedro, un eje transversal a la prolongación de Blasco Ibáñez a través del barrio declarado Bien de Interés Cultural, constituyeron hace tres años una plataforma en defensa de sus intereses. El ayuntamiento, a través de la sociedad pública -mixta hasta la "fuga" en 2008 de los socios y promotores privados- Cabanyal 2010, ha conseguido llegar a acuerdos con menos de la mitad de los propietarios del bulevar. El ayuntamiento se hará con la propiedad del resto de casas vía expropiación.
Fuentes de Salvem el Cabanyal denunciaron ayer las medidas de presión y coacción por parte de la Generalitat que "está enviando actas de ocupación a vecinos que aún no han sido expropiados". Dichas actas de ocupación se iban a hacer llegar a los vecinos junto con el pago de la expropiación. Los afectados ultiman el recurso contencioso-administrativo contra el proceso de expropiación, el primero iniciado por la Generalitat desde que en 1998 el ayuntamiento, gobernado por Rita Barberá, aprobó el plan especial de reforma del Cabanyal.
