PSPV, Compromís y EU contra el decreto del Cabanyal

H. G. / J. J. G.VALENCIA El plan especial del Cabanyal volvió a ser ayer motivo de enfrentamiento político. El portavoz del PSPV, Angel Luna, declaró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts que el decreto es "inaplicable porque lo que pretende es modificar una sentencia del Tribunal Supremo" que instó al Ministerio de Cultura a pronunciarse sobre la existencia o no de expolio en el Cabanyal. El portavoz del PP, Rafael Blasco, en cambio, defendió el decreto como la respuesta del Consell a una "invasión de competencias" del Gobierno central.
La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, atribuyó las prisas del Consell por "llevar adelante este expolio al interés de las constructoras en llenarse los bolsillos a costa de expropiar por cuatro pesetas". La portavoz de EUPV, Marga Sanz, advirtió de que exigirán "responsabilidades políticas y económicas personales a quienes provoquen la destrucción del Cabanyal".
La Mesa y la junta de portavoces de las Corst convocaron para mañana la Diputación Permanente de la Cámara con el fin de convalidar el decreto ley.
El plan del Cabanyal también estuvo ayer sobre la mesa en la reunión que mantuvieron Rita Barberá y Francisco Camps. Para el gobierno local, el decreto ley sobre el Cabanyal aprobado por el Consell "devuelve las aguas a su cauce" en el barrio, según declaró ayer el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau.

"Nos piden que tiremos adelante"
Como se ha publicado el Ministerio de Cultura ha dictaminado que el Pepri del Cabanyal constituye expolio sobre el patrimonio histórico y ha ordenado la paralización del proyecto urbanístico. El plan especial prevé el derribo de 1650 viviendas del barrio BIC para conectar Blasco Ibáñez con el mar. La orden ministerial ha provocado un enfrentamiento entre Gobierno (socialista) y Generalitat y ayuntamiento (ambos del PP) que amagan con judicializar el plan urbanístico. Sobre la situación de los recursos anunciados contra la orden ministerial, Alfonso Grau explicó que los servicios jurídicos del ayuntamiento y Generalitat "están estudiando las distintas posibilidades",entre ellas, plantear en el Tribunal Supremo un expediente de incidente de ejecución de sentencia. El ayuntamiento considera que el fallo "no se ha cumplido como pedía el tribunal" y que Cultura ha ido más lejos al ordenar la paralización.
Grau dijo haber recibido en estos días testimonio de muchos colectivos -cuyo nombre no concretó- del Cabanyal "pidiendo que tiremos para adelante".