El gobierno de Rita Barberá aprobó el pasado 15 de diciembre el derribo de varios inmuebles ubicados en la calle San Pedro del Cabanyal que no son propiedad municipal. Así lo admitió ayer el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, quien dio a entender que las seis licencias de derribo, ahora paralizadas por un juez a instancias del PSPV, se tramitaron para ganar tiempo y tenerlas preparadas en el momento en que las viviendas estuvieran expropiadas. La Generalitat también ha agilizado las expropiaciones notificando a una veintena de vecinos de la calle San Pedro la ocupación de sus casas. Entre los afectados, que han recurrido el proceso expropiatorio en los tribunales, está el ex presidente de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora.
Grau se reafirmó ayer en rueda de prensa en que el ayuntamiento "no negociará" y "va a seguir adelante cueste lo que cueste" con el plan del Cabanyal. El gobierno local demuestra así que no piensa allanarse ante la orden de paralización por expolio del Ministerio de Cultura, sobre la cual dicen que prevalece el decreto ley del Consell que blinda el pepri. El conflicto de competencias se resolverá en el Tribunal Constitucional. Grau cargó ayer contra el PSPV por decir que los edificios que se iban a tirar están en el conjunto histórico del Cabanyal sobre el que hay una orden ministerial de paralización. Grau dijo que las casas no están en la zona Bien de Interés Cultural y acusó al PSPV de "mentir al juez". Gobierno local y oposición comparecerán mañana ante el magistrado que ha dictado la suspensión cautelar de los derribos y que debe decidir si mantiene o no la paralización.
