El Estado ausente

Francisco Camps tenía como aspiración política llegar a ser uno de los «padres de la patria», diputado en el Congreso, y no sólo lo logró sino que alcanzó la Vicepresidencia de la Cámara. Su carrera continuó y hoy es el máximo representante del Estado en la Comunitat Valenciana. Pertenece a un partido que con cierta periodicidad se queja de que España está en riesgo —se está deshilachando, según Aznar—, pero eso no le ha impedido urdir una operación política sumamente eficaz que ha logrado que toda intervención del Estado-Gobierno permanezca oculta o sea interpretada como una agresión al pueblo valenciano y sus instituciones.
Claro, que esta dinámica existe sólo desde que gobierna Zapatero. Antes, con Aznar, el Estado era bondadoso y sensible. En 2003 y 2004, en las campañas electorales, el AVE Valencia-Madrid protagonizaba los carteles de los populares y de la Generalitat. Parecía que ya se podían comprar los billetes. Luego, el que había sido ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado reconocería que aquel gobierno popular volcado con los valencianos prefirió dar prioridad a la alta velocidad hacia Valladolid y la cornisa cantábrica porque había que «equilibrar el territorio».
El AVE llega, pero tarde; Costas amenaza la forma de vida valenciana de comer paella al aire libre con su empeño de derribar lo que los chiringuitos han ocupado de más con sus terrazas; el Cabanyal se cae por culpa de Zapatero, que es un metomentodo; campos y huertas se secan porque los socialistas, manchegos o madrileños —ni rastro de Cospedal— quieren quedarse con toda el agua del Júcar; las fallas serán más pequeñas mientras Zapatero continúe en la Moncloa, y la financiación será escasa porque el Gobierno persigue a los pueblos que no votan al PSOE. (¡Lástima de 90 millones de euros gastados en un todavía inútil Ágora! ¡Con lo bien que habría venido ese dinero del Consell para el nuevo Hospital La Fe!)
Atrás quedan los tiempos en los que el conseller de Economía de turno sacaba pecho porque las acertadas medidas económicas de la Generalitat estaban detrás del crecimiento del empleo en la época dorada. O cuando Juan Cotino era director de la Policía y la delincuencia bajaba cada semana, y no como ahora, que no se puede salir a la calle. Las victorias tienen mil padres y las derrotas son huérfanas. O hijas de Zapatero.
Claro que Madrid tampoco hace mucho por sí mismo. A la inteligente campaña de aniquilación del Estado mientras el Gobierno sea socialista hay que sumar la torpeza de éste. En 2009, el fondo estatal para obras ha dejado en Valencia 141 millones de euros, dos veces y media más que las inversiones del ayuntamiento para el mismo año. En 2010 habrá otro cheque de Zapatero a nombre de Barberá por valor de 87 millones, a gastar en lo que ella quiera, mientras el dinero de la Generalitat y su «Plan Confianza» no llega porque en sus arcas no hay un euro. Pero es Zapatero quien persigue a Rita. Y De la Vega, la vicepresidenta valenciana que iba a dirigir a diputados y senadores, ni viene ni se le espera para hablar de sus acciones. Ha entregado el reino como Boabdil, a un ejército más poderoso y con una táctica arrolladora y eficaz. El Estado reabrirá, en 2012, cuando mande Rajoy.