El PP desafía al Gobierno y avanza en el desalojo de los vecinos del Cabanyal

H. GARCÍA VALENCIA La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han hecho caso omiso del contundente dictamen del Consejo de Estado que solicita la suspensión cautelar del decreto ley del Consell que avala el plan especial del Cabanyal y avanzan con las expropiaciones en el barrio. Ayer, tras la multitudinaria manifestación del domingo contra los derribos y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, los primeros vecinos afectados por la apertura del bulevar San Pedro comparecieron para el levantamiento de las actas de ocupación y entrega de llaves de sus casas.
El dictamen del Consejo de Estado avala el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la disposición del Consell y refuerza la orden de paralización del plan urbanístico decretada por el Ministerio de Cultura al entender que la prolongación supone expolio del barrio de pescadores declarado Bien de Interés Cultural.
La plataforma Salvem el Cabanyal llamó ayer a los vecinos afectados por las expropiaciones -un total de 24- a no hacer acto de presencia en las citaciones. La entidad advierte de que el proceso de expropiación para la apertura del bulevar San Pedro, perpendicular a la prolongación de Blasco Ibáñez, "no tiene amparo legal" porque el plan especial está paralizado por orden del Ministerio de Cultural.
El Ayuntamiento de Valencia tiene habilitado, desde ayer y hasta el miércoles, el salón de actos del retén de la Policía Local del Marítimo para atender a los expropiados. La sala estuvo abierta desde primera hora de la mañana y hasta las 17.30 horas. Pese al llamamiento de Salvem el Cabanyal, los ocho vecinos citados ayer sí se personaron, según confirmaron fuentes municipales. Otra cosa es que firmaran el acta de ocupación. Los precios que se ofrecen están muy por debajo de los de mercado -en San Pedro la Generalitat ha tasado una casa de 300 metros en 180.000 euros- y con probabilidad muchos recurrirán al Tribunal Provincial de Expropiaciones.
La presidenta de la plataforma Salvem el Cabanyal, Maribel Domínguez, explicó que Blanca Blanquer, la abogada que representa a algunos de los vecinos afectados por las expropiaciones, les ha desaconsejado acudir a las citaciones. La letrada declaró ayer a Efe que no se presentan a la cita porque hay una orden ministerial "legítima" y emitida por el Ministerio de Cultura "dentro de sus competencias" para paralizar la ejecución del Pepri. "No acudir a este acto es una cuestión de congruencia y lógica", argumentó Blanquer. La abogada y ex directora general de Urbanismo advirtió a la Generalitat que "tendrán que ir a sacar a los vecinos porque lo tienen decidido y no se van a ir de sus casas". La representante legal de los expropiados confió ayer en que "esta semana" el Tribunal Constitucional tome una decisión que "ponga fin de una vez" a todo este conflicto. La plataforma se prepara con todo para una tensa espera. Según Doménech, la decisión final del Constitucional puede demorarse entre cinco meses y tres años.