Arbitrario, ilícito, ininteligible y una violación reiterada de los principios constitucionales. Así define el recurso de inconstitucionalidad presentado el lunes por el Gobierno el decreto ley del Consell que ampara los derribos en el Cabanyal. El Ejecutivo ha respondido con toda la artillería al órdago que lanzó la Generalitat con la aprobación del decreto ley del Cabanyal que, a su vez, pretendía dejar sin efecto la orden de paralización del plan del Cabanyal del Ministerio de Cultural. La formalización del recurso ante el Tribunal Constitucional se ha producido en tiempo récord. El acuerdo del consejo de ministros solicitando al presidente Zapatero que aprobase el recurso se produjo el pasado viernes, tras recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.

El Gobierno no quiere dejar cabos sueltos y ha recurrido a un precepto constitucional que permite la suspensión automática de las disposiciones de las comunidades autónomas impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Se trata del artículo 161.2 de la Constitución que establece que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida". El Gobierno hace "invocación expresa" al citado artículo y solicita la suspensión de la "vigencia y aplicación de la disposición con fuerza de ley que se impugna", en este caso, el decreto ley que blinda el plan especial del Cabanyal. El Tribunal Constitucional tiene a partir de ahora cinco meses para "ratificar o levantar" la suspensión.

El recurso de inconstitucionalidad advierte que la Generalitat pretende arrebatarle al Estado mediante una disposición urgente su competencia exclusiva sobre expolio, lo cual considera una decisión arbitraria e ilícita. Señala el abogado del Estado, en línea con el dictamen del Consejo de Estado, que "no existe supuesto habilitante de urgencia nueve años después" de haberse aprobado el plan especial del Cabanyal. El proyecto urbanístico estrella de Rita Barberá prevé la conexión de la avenida de Blasco Ibáñez con el mar mediante el derribo de 1.600 casas del conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural del Cabanyal. El Gobierno aduce en su recurso ante el TC que el Consell "se ha manifestado en todas sus intervenciones con claridad en que lo urgente era bloquear la eficacia" de la orden de Cultura que paraliza el pepri. La Generalitat pretende, aduce el Gobierno, "hacer claudicar el interés de la preservación del patrimonio histórico frente al urbanístico".

El decreto ley, con el que el Consell pretendía -en palabras de Rafael Blasco- "preservar nuestro fuero" y "restablecer la legalidad", es un texto que "genera confusión insuperable" por su "dificilísima inteligibilidad" y conculca el principio constitucional de seguridad jurídica, esgrime el Gobierno. Alude, en concreto, al "oscuro alcance" de la modificación o derogación de la declaración BIC del Cabanyal. El Gobierno insiste en el recurso que dicha derogación nunca ha podido ser tal por tratarse de una cláusula "desaforada" y "nunca vista" que también contraviene los principios de la Carta Magna. Para el Ejecutivo es "inaudito" pretender una retroactividad de más de 16 años -la declaración BIC se aprobó en 1993-. El Constitucional tiene ahora la palabra.