Las Corts recurren el veto del Gobierno al plan del Cabanyal pero abren una puerta al diálogo

JOSÉ PARRILLA VALENCIA Las Corts Valencianes aprobaron ayer, con los votos del PP, la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la orden del Ministerio de Cultura que paraliza, por expolio, el plan del Cabanyal. El vicepresidente del Consell, Juan Cotino, también pidió al Gobierno que detenga el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Consell que trata de anular dicha orden para, entre tanto, crear una comisión que debata una salida al conflicto.
La de ayer era la segunda vez que el PP llevaba el plan del Cabanyal a las Corts. La primera fue por el decreto del Consell que anula la orden del Ministerio de Cultura y en esta ocasión para recurrir judicialmente esa orden.
"Atropello a la autonomía de los valencianos" o "ataque injustificado de Zapatero" fueron algunas de las frases utilizadas por Cotino para calificar la decisión ministerial, la primera de este tipo que se ha dictado en España, dijo.
Así pues, y previo recordatorio de que el plan ha sido refrendado en las urnas, anunció que su grupo va a hacer uso de "todos los medios jurídicos a su alcance" para defenderlo. El primero será la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la orden de Cultura, medida que irá acompañado de una petición para que se ejecuten las sentencias favorables.
Así mismo, Cotino pidió al Gobierno que no recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto del Consell que trata de anular dicha orden y apeló al diálogo para que el debate vuelva "a los cauces de la normalidad". En concreto, propuso la creación de una comisión paritaria Gobierno-Generalitat para resolver el problema sin llegar al constitucional. "La solución es hablar", dijo Cotino, quien se dirigió al presidente Zapatero para advertirle que si mantiene su actitud "solo conseguirá parar un plan que ya está en marcha y perjudicar a los vecinos".

La Justicia es Democracia
Sus propuestas, vehementemente expuestas, no tuvieron, sin embargo, el apoyo de la oposición. Para el portavoz del PSPV, Ángel Luna, cualquier medida judicial es una prueba de normalidad democrática a la que también recurre con frecuencia el PP, con la diferencia, precisó, de que no las valoran de la misma manera.
Tampoco puede escudarse el Consell, a su juicio, en las decisiones de las urnas. En una democracia plebiscitaria, recordó, "si Batasuna gana las elecciones, automáticamente tendría la independencia, aunque no fuera legal".
Finalmente, Luna dijo que el PP busca el negocio urbanístico en vez de proteger el barrio, un argumento que fue precisamente el eje de la réplica del grupo Compromís. Su portavoz, Mónica Oltra, señaló directamente al conseller Cotino y le espetó que este plan no es por los valencianos, como él dice, sino por las empresas constructoras y en concreto por la de su familia.
Oltra explicó que si el barrio está como en el siglo XIX (así lo indicó previamente Cotino) es por culpa del Ayuntamiento y consideró "un chantaje" inadmisible que se plantee la disyuntiva "o prolongación o se cae"
Marga Sanz, por EUPV, reprochó, por último, el victimismo del Consell y se preguntó "si el Gobierno no tienen competencias por qué dice el PP que cuando Gobierne Rajoy hará el plan".