El plan del Cabanyal-Canyamelar y las mentiras

 

Miquel Domínguez

E
n la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, refrendado por el Consistorio en 1989, el PSOE dejó pendiente el Plan del Cabanyal-Canyamelar, pero con el mandato de que era "un objetivo irrenunciable la prolongación de Blasco Ibañez". Si el PSOE hubiera querido en ese momento, habría aprobado el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar sin recoger la prolongación, pero no lo hizo. Por el contrario, en aras del cumplimiento del compromiso electoral y con el fin de revitalizar y proteger estos barrios, el PP inició en 1997 los estudios relativos al PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, y después de escuchar a todo el mundo y de 4 años de trabajos, la Generalitat lo aprobó definitivamente en el año 2001.
Tras esa aprobación, surgen los recursos de todo tipo en contra del PEPRI, firmados por los mismos titulares -que no son muchos- con diferentes nombres, y que han sido tumbados todos ellos por  el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta en nueve ocasiones. De esos nueve recursos, tres llegan al Tribunal Supremo, dando la razón nuevamente esta Alta Instancia judicial al Ayuntamiento de Valencia.
Las artimañas legales de los contrarios al PEPRI llegan a todos los lados, por ello han buscado cualquier resquicio para frenar el plan. Y de ahí que aparezca en escena el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -¿por qué el de Madrid?-, quien acepte a los recurrentes unos peregrinos argumentos, que posteriormente el Tribunal Supremo ratifica. ¿Y qué sucede con esta nueva sentencia, en la que se basa la Orden del ministerio de Cultura? Pues que en mi opinión, al tratar la sentencia una cosa ya juzgada, el PEPRI y la prolongación no se pueden cambiar, y es por ello que se basa en otros aspectos.
Y no se puede o debe cambiar porque las sentencias de fechas 12 de marzo de 2008, 13 de marzo de 2008 y 16 de diciembre de 2008 del Tribunal Supremo ya trataron lo del expolio, manifestándose en ellas que: "Écuando se formula una denuncia en ese sentido -el de expolio- ante la Administración del Estado ésta debe proceder con singular prudencia, especialmente cuando, como sucede en el caso que nos ocupa, de la propia denuncia se desprende que las obras que el denunciante califica de expolio se encuentran respaldadas por un proyecto promovido y aprobado por las Administraciones Local y Autonómica que tienen competencias para ello".
Y continúa: "En el caso que nos ocupa el reproche de expoliación se dirige contra un instrumento de planeamiento que ha sido objeto de una tramitación compleja y en cuya formulación y aprobación han intervenido las Administraciones Local y Autonómica, en el ejercicio de sus respectivas competencias, produciendo ello como resultado un Plan Especial de Protección cuyas determinaciones, se compartan o no, no pueden ser tachadas de irracionales o arbitrarias. Ese modo de proceder las dos Administraciones actuantes y el resultado que ello se ha derivado no tiene encaje, por tanto, en el concepto de expoliación, por amplio que sea el sentido que quiera darse a este término".
A buen entendedor pocas palabras bastan: lo que está reconocido en Sentencia lo está y crea Jurisprudencia, y lo demás es torticero y malintencionado. Calificativos que desde mi punto de vista definen las intenciones de la Orden del Ministerio de Cultura de fecha 29 de diciembre de 2009. Nadie les ha pedido dictar algo contra lo ya resuelto por el Tribunal Supremo en sus 3 sentencias. Sólo se les piden que documenten un informe anterior, o sea el del mismo Ministerio de Cultura del año 2001 que dijo que no había expolio, y en vez de eso, el Ministerio se apoya en informes de parte para cargarse de un plumazo todo en lo que el Ayuntamiento lleva trabajando tantos años.
Al Gobierno del PSOE y a los socialistas valencianos, les ha importado un rábano todo el esfuerzo realizado por las administraciones local y autonómica para sacar adelante el plan de protección y reforma interior de El Cabanyal. Lo que no se han atrevido con ningún Ayuntamiento ni Autonomía de España, lo hacen con Valencia. La Sra. Fernández de la Vega tiene una inquina especial con nosotros. Se permiten recurrir al Tribunal Constitucional para detener a la Generalitat, al igual que hace con la caza del parany y con todo lo valenciano.
No nos pueden faltar más al respeto los socialistas valencianos, porque mientras en otras autonomías no se hubiera atrevido el Gobierno, aquí le jalean animándoles a ir contra sus instituciones democráticamente elegidas, con apoyo de algunos grupos asociativos que se esconden tras planteamientos violentos y antivalencianos.
?Segundo teniente de alcalde
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