El informe del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat favorable a la prolongación de Blasco Ibáñez remitido al Ministerio de Cultura ha dado pie a un cisma interno en el órgano colegiado. El informe, redactado por el colegio territorial de Valencia que preside Luis Sendra, determina que el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia no supone expolio porque hay 9 sentencias judiciales que avalan su legalidad. El dictamen de los arquitectos fue requerido por Cultura y es uno de los que tuvo en cuenta el Gobierno antes dictar la orden de paralización por expolio del plan especial.
Más de 200 arquitectos contrarios a la gran avenida remitieron ayer una carta de queja al decano del colegio, Ramón Monfort Salvador, trasladándole su rechazo a la tesis principal del informe según el cual el derribo de 1.600 viviendas del Bien de Interés Cultural no supone expolio. "Son muchos los colegiados que consideramos este proyecto un atentado contra el patrimonio y un expolio manifiesto", destaca la misiva. "No podemos admitir el falso apriorismo de pretender vincular el futuro del Cabanyal con la prolongación", como señala el informe del colegio. Los arquitectos discrepantes dejan claro su "desacuerdo" con el informe y con el plan al tiempo que reivindican la "renuncia a la prolongación y la rehabilitación integral del barrio".
El escrito, que también se ha hecho llegar al Consejo Superior de Arquitectos de España y al Ministerio de Cultura, está firmado por Juan José Estellés, Emilio Giménez Julián y Rafael Rivera y lo acompañan las firmas de más de 200 arquitectos. El colegio cuenta con12.000 afiliados.
Inviable y desaconsejable
Los firmantes señalan que el plan urbanístico de Rita Barberá que parte en dos el barrio de pescadores es "socialmente inaceptable, económicamente inviable, urbanísticamente desaconsejable y patrimonialmente recusable". Añaden que existen "otras alternativas para la conectividad entre los barrios del marítimo menos reduccionistas y agresivas".
En la carta, los arquitectos aseguran que el informe se ha redactado sin haberse producido previamente un debate "plural" lo que pone en peligro "el prestigio social" y la "trayectoria de celosa independencia" de la institución, máxime tratándose de un conflicto de "gran alcance" como es el plan del Cabanyal.
Añaden que el dictamen, aprobado por unanimidad por la junta de gobierno del COACV, no se apoya en "argumentos de arquitectura, urbanismo y patrimonio como correspondería a nuestra profesión" sino en las nueve sentencias judiciales que avalan el plan. Éste es uno de los argumentos más usados por el equipo de gobierno de Rita Barberá en defensa del proyecto urbanístico.
Los arquitectos contestatarios se niegan a asumir afirmaciones "infundadas y acientíficas" del informe como la que asegura que "el paseo al mar, su proyecto y trazado forman parte de la estructura urbana del Cabanyal constituyendo una traza histórica de enorme valor estructurante".
