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El pleno del Ayuntamiento de Valencia acordó ayer, a instancias del PSPV, suspender los derribos en la zona declarada Bien de Interés Cultural del Cabanyal hasta que los tribunales resuelvan los recursos judiciales pendientes. El grupo socialista presentó una moción instando al gobierno de Rita Barberá a suspender los derribos en cumplimiento de la orden de paralización por expolio dictada el 29 de diciembre por el Ministerio de Cultura. Dicha orden ha sido validada por la suspensión del decreto ley del Consell aprobado "ex profeso" para dar cobertura a los derribos.
El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, presentó una propuesta alternativa aceptando parar el plan aunque sólo en la zona BIC afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez. Este ámbito supone el 2% del plan especial y está comprendido entre la calle Escalante por su acera este y la calle Doctor Lluch por la oeste. "En el resto vamos a seguir", apostilló la alcaldesa. La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, justificó al término del pleno su apoyo a la moción del PP porque la protección del BIC era "irrenunciable".
El acuerdo deja fuera las viviendas en fase de expropiación de la calle San Pedro. El concejal Vicente González Móstoles y Grau se enzarzaron durante el debate de la moción en disquisiciones sobre el ámbito de protección del barrio y el alcance de la orden de paralización. Para Móstoles afecta a todo el conjunto histórico, que incluiría el bulevar San Pedro, mientras que para el PP sólo comprende el ámbito BIC de 1993.
El también concejal de Grandes Proyectos aludió a la intervención esta semana de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en el Senado a instancias de una pregunta de la senadora y portavoz socialista, Carmen Alborch. Grau denunció las "amenazas veladas" de la ministra sobre la obligatoriedad de parar los derribos.
Como se ha publicado, el Gobierno, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, ha ordenado la suspensión del Pepri del Cabanyal y de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez entretanto se reelabora el plan urbanístico para garantizar los valores patrimoniales del barrio marinero. El Gobierno ha recurrido en el Constitucional el decreto, mientras Consell y ayuntamiento han recurrido la orden ministerial.
Alfonso Grau acusó a los socialistas de "querer la paralización total y absoluta de la rehabilitación de un barrio" y recordó que suspender todas las actuaciones del plan especial como pide el PSPV supondría, entre otras cosas, romper el convenio para la rehabilitación del Casinet.
