Los vecinos protestan por el desalojo en el Carmen

LEVANTE-EMV VALENCIA Numerosos vecinos de Ciutat Vella se concentraron ayer a las puertas del edificio ocupado por inquilinos de rentas antiguas que se va a desalojar en la plaza Beneyto y Coll en señal de solidaridad. Los cuatro afectados, en su mayoría personas mayores, confirmaron que el desalojo se ha aplazado un mes en espera de lo que digan los juzgados.
En la concentración, que fue apoyada por concejales del PSPV y miembros de Els Verds Esquerra Ecologista se vieron pancartas de denuncia de acoso inmobiliario. Según el concejal y portavoz adjunto del PSPV Juan Ferrer, el desalojo del edificio, ubicado en el entorno de la muralla árabe, "constituye un acto de acoso inmobiliario intolerable que un ayuntamiento democrático no puede permitir ni amparar".
El equipo de gobierno a propuesta de la empresa promotora dueña del edificio, ha declarado en ruina económica el inmueble. Paradójicamente, la propiedad dice que es un edificio antiguo pero no ruinoso y que no requiere de una rehabilitación integral, sino de meras obras de mantenimiento.
Según los socialistas, el PP permite que se actúe contra personas mayores e indefensas, sin preocuparse de la desprotección que genera y sin importarle que pierdan su derecho a vivir con dignidad en las viviendas en las que han residido durante la mayor parte de sus vidas", lamentó Ferrer. "Es necesario que el ayuntamiento rectifique de inmediato para no sentar un precedente injusto, arbitrario e insolidario. No se puede rehabilitar un barrio histórico a base de expulsar a los vecinos de sus casas", consideró Ferrer, quien recordó que la práctica del acoso inmobiliario ha sido frenada en otras ciudades en las que, además, existen sentencias favorables a los vecinos y contrarias a la especulación.
"Valencia no puede convertirse en un ejemplo de prácticas urbanísticas abusivas que suponen un claro atentado contra los más desprotegidos y que tal vez sólo benefician intereses inmobiliarios", afirmó Ferrer.