El conflicto del Cabanyal se convirtió ayer en guerra abierta. La decisión del Ayuntamiento de retomar los derribos se encontró con una fuerte resistencia del barrio y de los partidos de la oposición, cuyos líderes, al igual que decenas de vecinos, terminaron arrastrados por la Policía Local. Despejado el camino, las palas hicieron su trabajo y cinco inmuebles quedaron convertidos en solares, pero el problema permanece. A la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión,los enfrentamientos políticos se agudizan y el deterioro del barrio se acentúa.
La orden del Ayuntamiento de Valencia de derribar cinco viviendas situadas en el casco protegido del Cabanyal, aunque fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se dio coincidiendo con la entrada en vigor (ayer se publicó en el DOGV) de la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, con la que el Consell ampara la prolongación de Blasco Ibáñez.
A las ocho de la mañana las máquinas de Secopsa, la contrata municipal, ya estaban ante el número 26 de la calle Luis Despuig y el 29 de San Pedro, colindantes uno con otro. Nadie había avisado de nada, sin embargo las vallas de la Policía Municipal prohibiendo el aparcamiento habían alertado a los vecinos, que a través de SMS se convocaron en la zona.
Treinta de ellos se colocaron ante el inmueble para evitar la acción de la excavadora, aunque el fuerte dispositivo antidisturbios de la Policía Nacional los retiró a la fuerza y se procedió al derribo.
La misma acción se repitió dos horas después en el número 15 de la calle Vidal de Cañelles, pero esta vez con el despliegue de muchos más vecinos y de los políticos de la oposición, entre los que estaba casi todo el Grupo Municipal Socialista, así como las diputadas de Compromís y Esquerra Unida Mónica Oltra y Marga Sanz.
Paralelamente, la plataforma Salvem el Cabanyal pedía al juzgado medidas cautelarísimas para detener los derribos y la Delegación del Gobierno anunciaba una iniciativa similar, provocando así el desconcierto de los presentes, que no entendían que el Gobierno ordenara cargar contra los vecinos dos horas antes y ahora intentara detener las máquinas.
Ambos recursos consiguieron, al menos, que el segundo derribo se aplazara a la espera de una decisión judicial. Fueron, de todas formas, horas muy intensas.
El momento de mayor crispación se produjo cuando se presentó ante los vecinos el concejal Alfonso Grau, que entre gritos de "fascista" y "corrupto" discutió con el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, sobre la legalidad de su acción. Grau se enfrentó, así mismo, al concejal socialista Vicente González-Móstoles, al que acusó de mentir a los vecinos y haber apoyado esos derribos en un pleno. Móstoles respondió mostrando el acta donde se confirma que el PSPV propuso paralizar los derribos en todo el barrio y, "como mal menor", votó la contraoferta del PP de detener los derribos sólo en el BIC.
También se extendía la idea de que todo lo ocurrido ayer había sido programado por el consistorio para tapar el "caso Gürtell". "Con esta actitud de terrorismo el PP quiere tapar las vergüenzas que hoy se hacen públicas", dijo Mónica Oltra.
El juez da vía libre
Al final, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 desestimó la petición de Salvem el Cabanyal -"no está acreditada la urgencia", dice- y permitió seguir adelante con los derribos. Fue entonces cuando la Policía Local asumió el protagonismo de la intervención -la Policía Nacional se quedó en segundo plano- y advirtió a los políticos y a sus guardaespaldas que abandonaran la zona. Ellos se negaron al grito de "esto es ilegal" y en una acción sin precedentes fueron arrastrados violentamente fuera del cordon policial. Primero fue el secretario local del PSPV, Salvador Broseta, y le siguieron González-Móstoles, Marga Sanz y Mónica Oltra, que han anunciado, ambas, la presentación de una denuncia por agresión. Y tras ellos, decenas de vecinos que se resistieron como pudieron antes de ser reducidos.
Siete policías, uno de ellos con rotura de escroto, resultaron heridos, mientras que del lado contrario fueron arrestados dos jóvenes que se subieron al tejado y tuvieron que ser bajados con ayuda de una cesta de los bomberos entre aplausos de los presentes y leves cargas policiales
Eliminado el obstáculo, la pala tiró el edificio y los vecinos se fueron dispersando. Por la tarde, las máquinas tiraron los otros dos inmuebles de San Pedro y Luis Despuig ya casi sin presión.
