Que hoy se cumplen 303 años de la desfeta de Almansa es de sobra conocido. Tampoco es novedad decir que, tres siglos después, aún existe un reducido grupo de foralistas, nacionalistas, tercerviístas o independentistas que reclaman las cotas de autogobierno perdidas por el pueblo valenciano en aquella derrota militar. Sin embargo, la historia ha condenado al olvido el nacimiento de toda esta resistencia. Casi se ha perdido la pista de cuál fue el primer foco de oposición al statu quo impuesto a sangre y fuego por las tropas de Felipe V sobre las cenizas del Reino de Valencia y la Corona de Aragón. Pero existe un origen de la resistencia post maulet, casi desconocido incluso entre el mundo erudito, y de él se cumplen ahora 250 años.
Se trata del Memorial de Greuges de 1760, un documento reivindicativo que presentaron conjuntamente al rey Carlos III de España los diputados representantes de las capitales de la antigua Corona de Aragón (Valencia, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca). Medio siglo después de la Guerra de Sucesión y los decretos de Nueva Planta, el tercer hijo de Felipe V accedía a la corona y convocaba las primeras Cortes Generales unificadas. Era un momento crucial para expresar el descontento que el cambio de régimen había suscitado en los antiguos Estados de la Corona de Aragón. Había que hablar entonces o callar para siempre. Y los diputados herederos del sueño de Jaume I escogieron alzar la voz.
En ese largo memorial, titulado Representación y dirigido al monarca, los ocho parlamentarios arremeten contra la política unitaria establecida en España y reclaman el restablecimiento de una administración más acorde con las tradiciones de la Corona de Aragón. Obviamente, los diputados rebeldes no son suicidas. Expresan su «fidelidad» al rey y no cuestionan su integración forzada en España bajo la nueva dinastía real. Pero ya pronto advierten de los problemas del unitarismo borbónico. «Algunos deben de pensar —lamentan— que si los españoles tienen un mismo rey conviene que tengamos una misma ley para que sea perfecta la armonía, la correspondencia y la unión de las partes de esta monarquía». «Al contrario —añaden— la misma política, la prudencia y la propia razón natural dictan que, siendo diferentes los climas de las regiones y los carácteres de los habitantes, han de ser diferentes sus leyes para que el todo sea bien ordenado y el cuerpo de esta monarquía llegue a ser feliz».
Con esta visión de España, los diputados díscolos se estaban adelantando en más de dos siglos al Estado de las Autonomías. Pero el memorial de 1760 recoge algunas denuncias que todavía hoy podrían asumir sus descendientes en la Comunitat Valenciana. Especialmente, en materia lingüística. Tras la supresión del derecho de extranjería, numerosos magistrados castellanos ocuparon cargos judiciales en la antigua Corona de Aragón. El hecho causaba malestar a los firmantes del memorial por una razón idiomática: «Los procesos y las escrituras de los siglos pasados están redactados en la lengua del pueblo, que, al cabo del tiempo, los castellanos llegan a comprender medianamente, pero nunca la totalidad del vocabulario, y aún menos la fuerza de muchas palabras, de la inteligencia de las cuales depende la justa decisión de los pleitos».
Aquello, en realidad, sólo era el principio. Hoy, la justicia suspende en valenciano. Dos de cada tres secretarios judiciales destinados en los juzgados de la Comunitat Valenciana desconocen la lengua de Ausiàs March. Y el tercio que lo domina no puede utilizarlo porque el sistema informático implantado por la Generalitat sólo está en castellano. Conclusión: en 2010, el uso del valenciano es residual entre fiscales, jueces y abogados.
Manuel Ardit, profesor de Historia Moderna de la Universitat de València, confirma que la justicia valenciana «sufrió un cambio muy brusco a partir de 1707». «Aparte de que nos cambiaron el derecho y abolieron nuestros fueros, el valenciano (y un poco de latín) era hasta entonces la única lengua para jueces y notarios. Hoy, la castellanización de la justicia, el notariado y toda la administración es evidente».
La Iglesia y el valenciano
La conciencia lingüística del memorial alcanza otras esferas. Los ocho diputados también exigen a Carlos III que las dignidades eclesiásticas recaigan en los nativos. «Porque, según hemos dicho, aquí se habla una lengua particular; y aunque en las ciudades y villas principales hay mucha gente que entiende y habla la castellana, a pesar de todo, los labradores no la saben hablar ni la entienden». Por ello, para evitar que haya «intérpretes» en las confesiones, el memorial reclamaba la presencia de cargos eclesiásticos que dominaran el valenciano.
Han pasado 250 años, pero la Iglesia valenciana ha defraudado las expectativas de aquellos ocho diputados inconformistas. Hoy, ninguno de los tres obispos de Valencia, Orihuela-Alicante y Segorbe-Castelló ha nacido en la Comunitat Valenciana ni habla en valenciano. Y todavía no existe un misal en valenciano que autorice a los párrocos a oficiar la eucaristía en lengua propia con un texto litúrgico autorizado por El Vaticano.
Desigual reparto de cargos
Por encima de todo, el memorial de 1760 lanzaba una denuncia concreta: la gran desigualdad que los nativos de la Corona de Aragón habían sufrido en la distribución de cargos. Es decir: con la supresión del derecho de extranjería, los castellanos desembarcaron en tropel a ocupar los cargos públicos de Valencia y sus territorios hermanos. En cambio, muy pocos notables de la extinta Corona de Aragón pasaron a Castilla a ocupar puestos de responsabilidad.
El rey Carlos III debió de inquietarse al leer en el documento una frase reveladora del sentir de las tierras conquistadas y sojuzgadas. «Son tantos y tan patentes los agravios que, presentándoos algunos, diremos menos de los que todos sabemos que sufrimos», escribieron los diputados. Uno de esos agravios silenciados era, tal vez, la elevada carga impositiva que empezaron a notar los territorios de la antigua Corona de Aragón.
Según realza el historiador Manuel Ardit, «el Reino de Valencia no pagaba impuestos porque el rey se nutría del Real Patrimonio. Pero a partir de 1707 se introdujo el derecho fiscal castellano, con el establecimiento del llamado equivalente, y las arcas valencianas sufrieron un incremento muy fuerte de la fiscalidad». Esta percepción de «territorio explotado» también llega hasta el presente. El último estudio oficial sitúa a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con mayor déficit fiscal. Es decir: la tercera comunidad que más dinero aporta a las arcas estatales y menos recibe de ellas.
Un resultado agridulce
Después de elogiar las derogadas leyes de la Corona de Aragón, atacar la Nueva Planta e insistir en que la diversidad no impide la lealtad, el memorial de 1760 reclama justicia al rey en los territorios conquistados. «Nos encontramos en la triste necesidad de manifestar nuestra desdicha y de implorar vuestra real clemencia», aseguran. El éxito del memorial fue escaso: subsistió la Nueva Planta y no fueron restablecidas las antiguas libertades. Es más: para evitar problemas lingüísticos, Carlos III dictó en 1768 una real cédula «para que en todo el Reino se actúe y se enseñe en lengua castellana». Punto final.
Sin embargo, el memorial constituye el primer gesto de calado articulado de forma conjunta por los antiguos reinos de la Corona de Aragón tras la derrota de Almansa. Como destaca Manuel Ardit, el documento representa «una pre-renaixença lingüística con contenido político anterior al siglo XIX». Es una muestra de que el valencianismo y el sueño de Jaume I no desapareció en el siglo XVIII, aunque de poco haya servido su latido posterior.
