J. M. VIGARA VALENCIA
El Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar 5.096.058 euros correspondientes a 2009, en concepto de multas de tráfico, que han tenido que ser anuladas tras ser recurridas por los conductores que habían sido sancionados en primera instancia. El concejal socialista Juan Ferrer explica que esta práctica viene motivada por "una eclosión" de las empresas especializadas en recurrir supuestas infracciones, que han visto como los contribuyentes "se han cansado de que les amenacen con embargarlos por no pagar sus sanciones, y se han decidido a ponerse en manos de estas empresas especializadas que se han aprendido la manera más eficaz de recurrir las multas para que la firma concesionaria que las tramita, tenga que darle la razón al recurrente".
El resultado es que hay un salto de ingresos muy amplio entre 2008 y 2009. El munícipe socialista explica que en esos dos años se han multiplicado por 5 la cuantía en euros que han dejado de ingresar las arcas municipales por el número de multas anuladas, al pasar de 836.562 euros a más de 5 millones el año pasado.
Los ciudadanos que son multados pueden recurrir sus sanciones de forma directa, que no suele resultar eficaz, o bien mediante un abogado, lo que encarece el proceso. Sin embargo, cuenta el regidor socialista, existe una tercera vía. "En los últimos dos años -explica- se observa cómo los conductores ponen su recurso a través de una empresa que sólo les cobra un porcentaje si gana y que les realiza la tramitación gratis". La concesionaria de la gestión de multas, Martínez Centro de Gestión, es la encargada de estudiar las posibles alegaciones del afectado, y de anular si procede, la sanción.
El concejal en la oposición ha detectado que se están anulando, por principio y de forma generalizada, "aquellas sanciones que se adivina que puedan ser difíciles de cobrar, una vez examinadas las alegaciones del presunto infractor".
Esta sería la razón que explicaría esa notable diferencia entre la recaudación de 2008 y la de 2009. Antes, recuerda el munícipe, "cuando había dudas acerca de una multa, porque había sido recurrida por el afectado, se pedía incluso información al agente que había notificado la infracción, al objeto de aclarar si procedía anularla o no". Sin embargo, desde que se ha delegado la gestión recaudatoria en un tercero, una mercantil concesionaria, "no se lleva a cabo esta medida", añade Ferrer.
Por ende, se da una circunstancia "cómica" ya que según el concejal, "los vecinos de la capital lo tienen muy fácil para saber a dónde tienen que llamar en caso de que les multen, dado que en la Televisión Municipal de Valencia se anuncia una de estas empresas que presume de ganar recursos". El número de teléfono, dice Ferrer, es perfectamente visible "en la publicidad que figura en pantalla".
"Ocultar el déficit real"
A juicio del concejal del PSPV, el gobierno local presidido por Rita Barberá, asesorado por el área de intervención del ayuntamiento, "han puesto en marcha una estrategia de incremento de las sanciones por tráfico, con el objetivo final de tapar o maquillar el autentico déficit real que tiene el consistorio".
Según Ferrer, el dinero pendiente de cobro por multas en el ejercicio contable, "figura como derechos reconocidos a favor del ayuntamiento,que mientras los reclama y los cobra, puede utilizarlos para aumentar su nivel de endeudamiento ya que puede computarlos como ingresos". Hasta el punto señala el munícipe que en función de cómo se prevé que va a liquidarse el año, "se ordena a la policía local que se impongan más sanciones porque así se generan más derechos pendientes de cobros". En concreto, por cada 100 euros en multas, el regidor afirma que las arcas municipales pueden endeudarse por 110. La lectura "financiera y política", concluye, es que se utilizan las sanciones de tráfico, entre otros instrumentos recaudatorios, "para cuadrar las cuentas al final de año".
No en vano, Ferrer ya denunció hace un mes, en estas mismas páginas, que hay una diferencia de 30 millones de euros, entre los 38,7 millones que suman en metálico las multas impuestas en 2009, y los 8,3 millones que realmente sí se ingresaron en las caja consistorial.