La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado, con los votos a favor del PP y en contra del PSPV-PSOE, 18 expedientes de derribo que afectan a 31 viviendas del barrio del Cabanyal, según ha informado el concejal socialista Vicente González Móstoles.
No obstante, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, ha precisado que hoy se ha dado cuenta de las citadas licencias aprobadas antes de publicarse en el BOE la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que autorizaba todas las actuaciones del Plan del Cabanyal.
"González Móstoles intenta despistar y engañar diciendo que las licencias se aprueban hoy y hoy lo que se hace es dar cuenta porque las dos últimas licencias fueron firmadas el 20 de abril", ha afirmado Bellver.
El concejal popular ha resaltado que "en el momento en que se producen los derribos y se firman estas licencias no hay ningún inconveniente para que no se produzcan", pero una vez publicada la decisión del TC en el BOE "no van a tener efecto" y quedan en suspenso hasta que la Justicia se pronuncie.
La mayoría de los derribos se refieren a viviendas comprendidas en el entorno de las calles San Pedro y Luis Despuig, según ha explicado en rueda de prensa el concejal socialista.
Los últimos derribos en el barrio del Cabanyal se produjeron entre el pasado 6 de abril -día que entró en vigor la ley autonómica que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal de Valencia, como los derribos para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar- y el 8 de abril.
El edil socialista ha recordado que el TC admitió a trámite el pasado 19 de abril el recurso promovido por el Gobierno contra esa ley autonómica, con lo que la norma que rige en estos momentos es la orden ministerial que ordenaba la paralización del PEPRI por considerar que hay expolio.
Según González Móstoles estas 18 licencias fueron informadas el 8 y el 9 de abril, y se resolvieron el 13 y el 14 de abril, por lo que ha acusado al PP de utilizar un "vacío legal" hasta que se admitió a trámite el recurso al TC el 19 de abril, y que a su juicio no existe, para proponer estos nuevos derribos.
El edil socialista ha acusado al Gobierno de actuar "con prisas", ha recriminado que las licencias "se conceden hoy" cuando el marco jurídico que está vigente "las suspende" y ha afirmado que "eso es situarse fuera de la legalidad".
"Las 31 viviendas están en el Conjunto Histórico Protegido que es tan protector como el Bien de Interés Cultural (BIC)", ha afirmado González Móstoles, quien ha celebrado que el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, y los hosteleros valencianos consideren que "la rehabilitación es preferible a la demolición".
González Móstoles ha criticado que el gobierno municipal interprete que la orden ministerial paraliza todo el PEPRI, en cuyo caso debería aplicarse, ha dicho, el PGOU de 1988. "También se puede interpretar que la suspensión se refiere a las unidades de ejecución que afectan a la prolongación", ha agregado.
Por su parte, Bellver ha asegurado que si hace caso al edil socialista, la vigencia del PGOU permitiría conceder licencias de derribo de cien viviendas protegidas por el PEPRI y ha insistido en que la orden ministerial es "una aberración jurídica y urbanística" que "suspende cualquier actuación en el ámbito del PEPRI".
Ha informado de que el Ayuntamiento pidió a la Audiencia Nacional una medida cautelar para pedir que se entendiera que la aplicación de la orden sería en el ámbito de Bien de Interés Cultural (BIC) del PEPRI. "La Audiencia interpreta que el decreto ministerial afecta a todo el PEPRI", ha indicado Bellver.
"Han sido tan bestias a la hora de tomar una decisión política que han paralizado todo el plan", ha afirmado Bellver, quien ha considerado que el ministerio debía haber especificado en la redacción de la orden a qué ámbito se refiere su decisión de suspensión inmediata.
