Villa, Silva y Mata no son las únicas estrellas del Valencia CF, ni, los dos primeros, los únicos con fichas galácticas. El club de la Avenida de Suecia ha hecho frente en los últimos años a honorarios parecidos a los que percibe anualmente su delantero centro -el que marca el tope salarial- para pagar trabajos realizados fuera del césped. Precisamente para que la hierba del viejo Mestalla fuera legalmente convertible en torres residenciales mediante una reclasificación de suelo llamada a solucionar parte de la bancarrota del club, éste decidió fichar al arquitecto Alejandro Escribano y al letrado urbanista José Luis Martínez Morales, concretamente al despacho Martínez Morales Martínez Galvañ SL, por nada menos que 6.728.000 euros. Esa cantidad -5,8 millones, más el IVA- es la que pactaron estos profesionales con el ex presidente del Valencia CF Juan Soler, según consta en el contrato de encargo profesional rubricado por las partes el 29 de septiembre de 2006, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

En ese documento se determina que Alejandro Escribano SL -la sociedad con la que opera el arquitecto- y el despacho del citado letrado urbanista van al 50%, pues cada uno se llevaba 2,9 millones más IVA. El jurista ha cobrado íntegramente su parte, mientras que Escribano tiene pendiente una liquidación de 435.000 euros por servicios realizados en el nuevo estadio, poco antes de que, el 17 de febrero de 2009, se decretó la paralización de las obras en la parcela de Ademuz por la quiebra en la que se encuentra la sociedad anónima deportiva que preside Manuel Llorente. Éste y Escribano acordaron el pasado 28 de enero las condiciones en las que se abonará la deuda del club con quien el artífice del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia y es funcionario municipal en excedencia desde el año1991.

Plan de salvación económica

El contrato entre Juan Soler, Escribano y José Luis Martínez Morales fue firmado tres semanas antes de que el Valencia CF presentó al consistorio que preside Rita Barberá la propuesta de modificación del Plan General-UE Mestalla para la reclasificación de suelo deportivo a residencial en un PAI que prevé 89.340 metros de techo. La operación Mestalla estaba llamada a generar pingües beneficios con los que poder levantar el nuevo campo para 75.000 espectadores en la parcela de la Avenida Corts Valencianes y enjugar buena parte de una deuda que hoy ronda los 650 millones millones de euros. El cambio del PGOU en el sector Ademuz para poder construir el nuevo campo era parte de la relación de servicios profesionales incluidos en el citado contrato y desglosados en diez apartados dentro de la cláusula quinta del acuerdo de los 6,7 millones. Esa cantidad se fijó a partir de la "aplicación ponderada de los baremos orientativos de honorarios" del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Abogados, según se hace constar en la cláusula sexta. Algunas fuentes profesionales consultadas consideran que se trata de cantidades un tanto desorbitadas.

Entre los conceptos concretos que han ido facturando hasta enero de 2009, destacan, además de los cambios del PGOU y proyecto de urbanización de Mestalla, el asesoramiento a la hora de elegir la propuesta arquitectónica y económica que se encargaría de edificar el nuevo estadio. También se incluían las gestiones ante el Consell, Ayuntamientos y otros organismos "para resolver cuantos problemas puedan plantearse".

En el contrato se determinó una provisión de fondos de 800.000 euros, que se pagó a la firma del acuerdo. Esa cantidad nunca sería devuelta si el Valencia "desistiese de proseguir con el encargo" o si el trabajo encomendado "resultase inviable por causas no imputables" a Escribano y al despacho de Martínez Morales. Si el contrato se hubiese anulado en esas circunstancias, estos profesionales habrían percibido los honorarios por proyectos y gestiones "en curso" y el 20% del importe de todos los trabajos que no se realizarían.