La comisión municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia ha echado atrás en tres ocasiones cinco licencias de derribo tramitadas por el equipo de gobierno en el conjunto histórico del Cabanyal. A la vista de la nueva situación jurídica derivada de la orden de suspensión del plan especial del Cabanyal del Ministerio de Cultura avalada por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, los técnicos no quieren incurrir en una ilegalidad y se resisten a dar el informa favorable a los derribos.
La comisión de Patrimonio, que está formada por técnicos municipales y una representante de la Conselleria de Cultura, dejó sobre la mesa y sin informar en las reuniones de los días 22 y 29 de abril y 6 de mayo cinco licencias de derribo en la zona Bien de Interés Cultural del Cabanyal. Los expedientes bloqueados afectan a los edificios protegios ubicados en las calles Padre Luis Navarro 221 y 193, Progreso 202 y 170 y José Benlliure 185. Los tres primeros están protegido con nivel 2.
37 edificios en el punto de mira
El ayuntamiento gobernado por el PP ha derribado ya 16 edificios (40 viviendas) protegidas en las calles San Pedro, Escalante, Los Ángeles, Progreso, Barraca, Padre Luis Navarro y José Benlliure. El ayuntamiento también ha ido adquiriendo para su posterior derribo otros 37 inmuebles (80 viviendas) a los que el PGOU otorga algún grado de protección.
Las incertidumbres que plantea a los jefes de servicio y técnicos de la delegación de Urbanismo la orden de suspensión del plan han obligado al secretario del área, Manuel Latorre, a emitir una nota aclaratoria en la que informa de que sigan adelante con la tramitación de los expedientes hasta el último trámite, la firma de la resolución, en espera de que los tribunales resuelvan.
Tres de los edificios que plantea derribar el ayuntamiento están protegidos por el PGOU con nivel dos. El concejal de Urbanismo asegura que la suspensión cautelar del plan especial que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez no supone que rige la norma de planeamiento anterior, esto es, el PGOU de 1988 como sostiene el concejal socialista Vicente González Móstoles. El edil de la oposición critica la paralización de todas las licencias de derribo, rehabilitación e incluso obras menores adoptada por el ayuntamiento en cumplimiento de la orden ministerial. Según Móstoles, en base al PGOU "se podrían otorgar licencias" y actuar hasta que resuelvan los tribunales.
Al respecto, la Asociación de Vecinos del Cabanyal sugirió ayer al concejal de Urbanismo que incorpore al PGOU y proteja el centenar de edificios que salvaguardaba el Pepri ahora suspendido, entre los que se incluye la Casa dels Bous. De esta forma, apuntan los vecinos, se evitaría que alguien pida la licencia de derribo como apuntó el lunes Jorge Bellver.
