El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, tendrá que rendir cuentas ante el juez por las obras realizadas en el entorno del Jardín de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural. Bellver deberá explicar el 8 de junio por qué autorizó la construcción en 2004 de un aparcamiento subterráneo en Severo Ochoa, pegado al jardín histórico, sin el informe de la Dirección General de Patrimonio.

Como avanzó Levante-EMV el aparcamiento se construyó sin informes de afección al jardín artístico ni al arbolado. Los problemas de humedad de este jardín neoclásico único se agravaron a raíz de las obras del garaje, que se explota en concesión municipal. La imputación de Bellver deja en evidencia a la alcaldesa, Rita Barberá, que defendió la legalidad del aparcamiento y aseguró que no había afección al jardín porque el garaje no entra en el subsuelo de Monforte.

Bellver acudirá a declarar como imputado al juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, que ha admitido a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía a instancias de Cercle Obert. Esta asociación pidió, al hilo del proyecto municipal de derribo parcial del muro del jardín de Monforte, que se investigara si el ayuntamiento había incurrido en un "expolio" del patrimonio.

El derribo del muro se aparca

El fiscal atendió parcialmente la petición de Cercle Obert y abrió una investigación a Bellver por prevaricación y delito contra el patrimonio por las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia del aparcamiento.

Todo apunta a que el proyecto de derribo y remodelación del jardín no será investigado porque, pese a estar incluido en los presupuestos municipales de 2010, aún no ha derivado en un acto administrativo denunciable. La intervención en el muro ha quedado aparcada sine die.

El concejal de Urbanismo aseguró ayer que está "muy tranquilo" porque la denuncia "no tiene base". Bellver le dirá al juez que él firmó un acto administrativo que llegó ratificado por los informes técnicos. Según el edil nadie advirtió entonces de que fuera necesario el informe de Patrimonio. El concejal defendió ayer su gestión y dijo que seguirá firmando los expedientes que ratifiquen los técnicos porque de lo contrario incurriría en "prevaricación por omisión".

El derribo del muro y sus sustitución por una reja para oxigenar los árboles ha generado reacciones en contra de las universidades, de la Real Academia de San Carlos y del ex conseller de Cultura y cónsul de España en Nueva York, Fernando Villalonga, descendiente de los Monforte.

No es la primera vez que el fiscal investiga a Bellver que ya tuvo que dar explicaciones públicas, junto a la alcaldesa y el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, por la permuta de Mestalla. En aquella ocasión la denuncia quedó finalmente archivada.

La decisión prueba el incumplimiento de la ley de Patrimonio Cultural en lo referente a la aprobación de planes especiales que delimiten qué intervenciones pueden o no hacerse en los Bienes de Interés Cultural. Los citados planes establecen las "líneas rojas que no se pueden traspasar" a la hora de actuar en el patrimonio protegido, recordó soto. El ayuntamiento contrató hace meses la redacción de los planes especiales de protección de varios BIC de la ciudad, si bien aún no han sido presentados. Es probable que de estar aprobado el plan especial hubiera aconsejado alejar el aparcamiento del jardín monumental.

El portavoz de Cercle Obert, Antonio Marín, declaró a Efe que la la asociación ha hecho "lo que tenía que hacer ante presuntas irregularidades". "Todo BIC y su entorno merecen protección", aseveró Marín, quien instó al ayuntamiento a respetar la Ley y el patrimonio cultural valenciano.