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La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá exigió ayer una moratoria en la nueva aplicación de la Ley de Costas, hasta las próximas elecciones generales, para que los partidos políticos "escriban en negro sobre blanco" si están de acuerdo o en contra de que se transfieran competencias a las Comunidades Autónomas y a la administración municipal para decidir cuántos metros pueden ocupar los chiringuitos y sus terrazas en el litoral.
Barberá hizo estas declaraciones ayer, en el paseo marítimo de Valencia, donde tuvo lugar una actividad lúdica y reivindicativa, organizada por los hosteleros de la Malva-rosa, para que se conserven las terrazas de los chiringuitos. El encuentro llega 48 horas antes de que la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) se reúna, mañana en Madrid, con la directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, para intentar "negociar" y "evitar una imposición unilateral", explicó el portavoz de esta entidad, Vicente Pizcueta.
La iniciativa de ayer organizada por los restauradores de la zona y donde también estuvieron las Nuevas Generaciones de PP de Valencia recogiendo firmas, perseguía "agradecer a los ciudadanos la colaboración por el mantenimiento y protección de las terrazas de nuestras playas", explicó el presidente de la Asociación Paseo Marítimo de la Malva-rosa, Miguel Cueca. Desde las once de la mañana hasta la una de la tarde, se repartieron gratuitamente unas 3.000 raciones de paella, junto con "clòtxines", refrescos sin alcohol y helados.
La alcaldesa, quien asistió al acto para apoyar "hasta el final esta batalla que se gana votando al Partido Popular", lamentó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "obligue" a los hosteleros a"reducir, aproximadamente, dos tercios del espacio en el que hasta ahora han estado sirviendo sus paellas y sus ofertas gastronómicas". Barberá explicó que la costa de Valencia tiene 22 chiringuitos repartidos entre las playas de la Malva-rosa, Pinedo y El Saler y señaló que "todos están, de alguna manera, amenazados con la misma resolución". De hecho, aseguró que los empresarios han firmado "bajo presión algunas exigencias del Gobierno", lo que "ha creado miedo y desconfianza". Además, hizo hincapié en que otras comunidades autónomas "tienen los chiringuitos a cuatro metros del agua y con construcciones de más de 150 metros".
"Parte de nuestra idiosincrasia"
La alcaldesa de Valencia estuvo acompañada por la consellera de Turismo, Belén Juste, quien indicó que los chiringuitos "ofrecen un servicio muy necesario y son parte de nuestro paisaje e idiosincrasia".
Según manifestó Juste, "estamos hablando de mucho empleo que se puede ver afectado, mucha riqueza que puede perderse y sobre todo, de hacer daño a un recurso turístico tan importante para los valencianos como es el producto de sol y playa".
