El Ministerio de Defensa ha pedido y ha obtenido licencia municipal de obras para retirar o reformar los escudos preconstitucionales que lucen en la antigua Capitanía de Valencia y en el Gobierno Militar, así como la placa dedicada a los caídos sita en la capilla de San Vicente Ferrer de la propia Capitanía. La decisión del ministerio ha sido bien acogida por el concejal socialista Juan Soto, quien pidió a la alcaldesa, Rita Barberá, que mueva ficha y cumpla con lo dispuesto en la Ley de la Memoria Histórica retirando los símbolos de la dictadura que todavía existen en la ciudad.

Según el expediente de la Comandancia de Obras de la Primera Subinspección General, el escudo de Capitanía será retirado íntegramente y sustituido por uno constitucional de idénticas dimensiones, conservando los "banderines y armas militares del resto del frontón".

En este mismo edificio se retirará la lápida de mármol de la capilla de San Vicente Ferrer, en la que puede leerse la siguiente inscripción: "Esta capilla fue profanada y utilizada como polvorín por los marxistas (1936-1939) y restaurada por las fuerzas nacionales a la liberación de Valencia. En desagravio al santo que habitó esta celda capilla y en memoria de nuestros caídos se dedica esta lápida. Valencia, 18 de julio de 1943". Una vez retirada, la placa se guardará para incorporarla al Centro Documental de Memoria Histórica, precisa el expediente.

En el caso del escudo colocado en el chaflán del Gobierno Militar, la idea es "constitucionalizarlo", es decir, se retirará el águila de San Juan y el yugo y las flechas, y se añadirán tres flores de lys en el centro del escudo. "La lectura final será correcta y guardará equilibrio visual con el escudo constitucional", prevé el ministerio.

Con esta decisión "el Gobierno ya ha cumplido su parte", dijo Juan Soto. "Ahora le toca a Barberá", añadió. Por eso, en el próximo pleno el Grupo Socialista presentará una moción pidiendo la retirada de los escudos preconstitucionales de los colegios Padre Manjón, San Juan de Ribera y Teodoro Llorente, así como el monolito del grupo de viviendas Antonio Rueda y las placas de numerosas calles de la ciudad coronadas con la insignia franquista.

"Sería deseable que Barberá tomara esta iniciativa por convicción democrática, pero hasta ahora ha sido imposible lograr su condena política a la dictadura. Si no quiere hacerlo por convicción que lo haga al menos desde su responsabilidad como alcaldesa y en cumplimiento de la ley", dijo Soto.