El Ayuntamiento de Valencia tiene paralizadas 15 licencias de obra en el Cabanyal, la mayoría de ellas de particulares, en cumplimiento, aseguró ayer el concejal Alfonso Grau, de la Orden Ministerial que paraliza toda actuación en el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio. Para los socialistas, se trata de "una venganza" contra los vecinos y contra la oposición, ya que, a juicio de Vicente González Móstoles, la paralización del Pepri hace ""reverdecer" el Plan General de 1988, que ampara este tipo de obras.
El nuevo debate sobre el Cabanyal se ha planteado en torno a la moción que el grupo municipal socialista llevará al pleno de hoy para que el equipo de gobierno municipal "adopte las medidas necesarias para que la tramitación y concesión de licencias se otorguen de acuerdo con los plazos previstos en la legislación vigente".
González Móstoles cree que el Gobierno ha optado por la fórmula "sangre y sed" para "asediar" al barrio e impide todo intento de rehabilitación. Primero Carmen Alborch y luego el propio Móstoles recordaron que de los 290.000 euros ofrecidos por el Gobierno para la rehabilitación de viviendas, sólo se han utilizado 16.000, lo que significa que apenas entre 45 y 60 viviendas se han acogido a un convenio que preveía hasta 800 rehabilitaciones.
Y ahora, los socialistas aseguran que el equipo de Gobierno "ha dado un paso más" impidiendo a los vecinos hacer obras domésticas como "adecentar fachadas, quitar las goteras o arreglar una planta para un hijo que se va a casar". Lo hace, además, dicen, haciendo "una interpretación maximalista" de la orden del Ministerio de Cultura, pues a juicio de los socialistas, la suspensión del Pepri no impide este tipo de obras. Es más, creen que podrían darse por concedidas por silencio administrativo positivo.
A pesar de estar convencidos de esta anomalía legal y de "la magnífica situación que tienen los vecinos en el orden jurídico", Carmen Alborch propuso sentarse a dialogar y "gastar las energías en buscar acuerdos y no en confrontaciones".
Solares para los realojos
El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, sin embargo, no lo ve así. Sin reparo alguno confirmó que hay 15 licencias paralizadas, ocho de reforma y siete de obra nueva, siendo la mayoría de particulares pero también de Aumsa. Y lo hizo porque, a su juicio, la responsable de esta situación es quien redacta la orden ministerial, no el Ayuntamiento. "Ahora se han dado cuenta de la barbaridad que han hecho y nos culpan a nosotros", asegura Grau, partidario, más que nunca, de que "cada palo aguante su vela".
El primer teniente de alcalde no quiere ni aclaraciones del ministerio sobre la orden, pues eso sería asumir unas competencias que no son suyas, ni dialogar, pues quien ha "dictado sentencia" ha sido Cultura y es el Gobierno el que debe mover ficha.
Por parte del Ayuntamiento, lo que se está haciendo, según explicó Grau, es destinar los 40 millones previstos para el plan del Cabanyal a diferentes actuaciones relacionadas con el mismo. Una de ellas es buscar solares y espacios en la periferia del Pepri para construir vivienda de protección pública donde realojar a los afectados por la prolongación de Blasco Ibáñez.
