El PSPV ha presentado en el registro de entrada de la Agencia Tributaria toda la documentación de la que disponen sobre las cuentas del Centro de Estrategia y Desarrollo (CEyD) para poner en conocimiento la divergencia de 550.568 euros existente entre los ingresos que el centro acredita haber recibido del ayuntamiento y los importes reconocidos por el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Así lo anunció ayer la edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella.

Según indicó Botella en una comparecencia ante los medios, los socialistas han tomado esta medida ante la negativa de Grau, que es también concejal delegado de esta fundación sin ánimo de lucro dependiente del Consistorio, de ceder la documentación. El objetivo es que sea la propia Agencia Tributaria quien verifique "si el CEyD cumple con sus obligaciones tributarias conforme a la legislación vigente" y sobre qué ingresos lo hace.

En concreto, detalló que las divergencias en los ingresos se producen, a la luz de las declaraciones de Alfonso Grau, en el periodo comprendido entre 2006 y 2009, cuando, según consta en los documentos de la asociación, se transfirieron fondos municipales por importe cercano a los 3,51 millones de euros, mientras que el teniente de alcalde insistió durante el pleno del pasado viernes en que sólo se destinaron al CEyD 2,98 millones.

En cualquier caso, la socialista destacó que los documentos muestran que, finalmente, la cantidad que se traspasó de los fondos públicos supera a los 3,3 millones consignados en los presupuestos municipales. Desde 2004, la suma transferida a esta asociación es de 5,5 millones de euros, según la oposición.

Por ello, han decidido recurrir a la Agencia Tributaria, para que ésta verifique también que en todas las contrataciones con terceros realizadas por el centro "las empresas contratadas están al corriente de sus obligaciones tributarias", dada "la imposibilidad de acceder a esta información" por parte del PSPV. Según agregó, el hecho de presentar esta documentación en pleno mes de agosto responde a que los delitos fiscales prescriben en cuatro años, por lo que justificó "la máxima diligencia" en la tramitación de todo lo relacionado.