El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia denunció ayer que la empresa municipal Aumsa no presenta las escrituras que justifican la compraventa de inmuebles en el barrio del Cabanyal desde 2008. En un comunicado, el edil Juan Ferrer criticó que, en 2010, «el ayuntamiento intenta abonar a Aumsa el dinero de los presupuestos de 2009 para que siga con la destrucción del Cabanyal a través de la compra de inmuebles», a pesar de que «tras tres ejercicios, Aumsa ha sido incapaz de presentar la documentación que justifique sus gastos, escrituras y contratos de compraventa, por lo que no puede recibir tres millones de euros, de los seis presupuestados en 2009».
«Aun así, el ayuntamiento está haciendo lo imposible para que Aumsa prosiga con la destrucción del Cabanyal», ha reprobado Ferrer, quien ha asegurado que «Intervención General ha echado atrás las facturas presentadas por Aumsa para el año 2008 por no justificar los gastos realizados en ese ejercicio».
Al respecto, explicó que «se han librado tres millones de euros, pero la entrega del resto de lo presupuestado necesita la liquidación de fondos entregados en 2008 y que ascienden a 2.567.054 euros pendientes de justificar».
Concretamente, «el total de lo pendiente por entregar a Aumsa con motivo del PEPRI —Plan Especial de Protección y Reforma Interior— de El Cabanyal es de 9.617.140,92 euros» y, en este sentido, afirmó: «Es difícil explicar cómo un proyecto que para la alcaldesa es la prioridad queda mermado en una parte del presupuesto de 2009, tres millones de euros y por el monto total del presupuesto de 2010, otros seis millones de euros, sin que pase nada».
«Rabieta de la alcaldesa»
El concejal socialista añadió que «no se explica la rabieta de la alcaldesa con la intervención judicial, paralizando la bárbara destrucción del Cabanyal que el proyecto comporta, cuando ni con todas las bendiciones favorables podía continuarlo en base a lo expuesto por la Junta de Gobierno Local el pasado 30 de julio».
En la misma línea, Ferrer recalcó que «el parón no sólo se hubiera producido por la decisión de la Justicia, sino por la mala gestión de las unidades que dependen tanto del Área de Urbanismo como de la de Grandes Proyectos».
