Once de la noche del viernes 3 de septiembre. Un camión de bomberos, una patrulla de Policía Local y una brigada de pintores del Ayuntamiento de Valencia rompen la quietud de la Plaza Beneyto y Coll, enclavada en el distrito de Ciutat Vella.
Los primeros utilizan una escalera mecánica para acceder hasta el quinto piso de una de las fincas de la zona con un objetivo claro: quitar las pancartas que denuncian el "acoso inmobiliario" del consistorio presidido por Rita Barberá y pueblan los balcones del edificio. Los segundos escoltan los trabajos, llegando a recriminar a los vecinos que intenten hacer fotos de lo ocurrido. Por último, los pintores se afanan en borrar las leyendas de similar mensaje que perviven diseminadas por las paredes de los inmuebles.
Al acabar los trabajos, se marchan. Los vecinos, atónitos, ven impotentes cómo, de forma nocturna y sin previo aviso, se les priva de su derecho a la libertad de expresión. Al día siguiente, se reúnen y deciden emplazar unas nuevas pancartas con mensajes similares en el mismo sitio. Su próximo movimiento se centrará en estudiar los movimientos legales para denunciar al consistorio, "las pancartas no tenían ningún mensaje ofensivo. Si se puede poner la bandera de la selección o de un equipo de fútbol, también podemos opinar en nuestros carteles".
Los problemas se suceden en la zona desde el pasado mes de marzo, cuando la plaza saltó a los medios por un desahucio amparado por el Ayuntamiento, escudándose en una presunta "ruina" de un edificio. El vecindario, al considerar injusta la situación, decidió movilizarse. Al final, todo quedó en un inpasse jurídico. Sin embargo, la polémica ya ha causado que de las cinco familias que convivían en el edificio con un contrato de renta antigua queden dos, que no entienden el último movimiento del consistorio "a lo mejor ya han empezado la campaña".
Depurar responsabilidades
La actuación del pasado día 3 también saltó ayer a la arena política. Juan Ferrer, responsable del PSPV en el distrito de Ciutat Vella, demandó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, que "investiguen lo sucedido, ofrezcan explicaciones y depuren responsabilidades. De lo contrario quedará demostrado que son los principales instigadores de un acto antidemocrático que atenta de forma clara contra la libertad de expresión".
