La Ley de Movilidad obligará a construir aparcamientos para bicis en los edificios

J.M.VIGARA VALENCIA
El anteproyecto de la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana, que acaba de aprobar el Consell, obligará a los promotores y constructores a dotar con zonas de estacionamiento para bicicletas los edificios de nueva construcción y fija una antigüedad máxima de 8 años para los taxis que presten su servicio en las ciudades valencianas. La futura norma continuará su tramitación en los próximos meses con el sometimiento del texto legal a las asociaciones y entidades implicadas en la misma y se recabará el dictamen del Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana antes de llevarla al trámite parlamentario para su aprobación definitiva.
La filosofía fundamental de esta normativa es potenciar "el uso de los sistemas públicos de transporte y de los desplazamientos peatonal y ciclista frente al coche particular", según fuentes de la Generalitat. Además, con este instrumento normativo se pretende que en 2020, cuando se prevén 2.500 millones de desplazamientos en el territorio valenciano, el 40% se realicen en transporte público. La Conselleria de Infraestructuras y Transporte, dirigida por Mario Flores, impulsa este proyecto que integra legislación referente a transportes de viajeros y tranvías, taxis, logística y planificación de la movilidad.
El Capítulo II del Título I recoge la obligación de que los edificios de servicios públicos y de uso residencial general, así como los estacionamientos, "tengan emplazamientos específicos para bicicletas". Asimismo, se faculta a las ordenanzas municipales para extender esta obligación a los centros de trabajo e inmuebles destinados a otros servicios comerciales o de concurrencia pública.
El Capítulo III obliga a diseñar y aprobar los denominados "planes de movilidad", que serán de dos tipos: los de ámbito municipal, para pueblos de más de 20.000 habitantes; y los específicos para áreas comerciales, centros de trabajo, instalaciones hoteleras, polígonos o urbanizaciones. Desde la entrada en vigor de la futura ley, los pueblos grandes de la Comunitat Valenciana tendrán 4 años para tener a punto este plan, que tras ser sometido a información pública, entrará en vigor. También se elaborará un informe sobre el grado de avance y la programación para el ejercicio siguiente. En cuanto a los otros planes de movilidad se aplicarán y desarrollarán en "elementos singulares", que destacan por su capacidad de atracción y generación de desplazamientos como "áreas comerciales, hoteleras, de ocio, residenciales o productivas". En este punto, en los nuevos desarrollos urbanísticos se deberán articular "soluciones efectivas para evitar la implantación de urbanizaciones cautivas del transporte privado".
Otra materia que se va a ordenar en profundidad es la prestación de transporte de viajeros por cuenta de terceros que incluye el taxi, pero también el servicio discrecional de viajeros y el transporte escolar y de universitarios, o los autobuses de empresas para trabajadores y directivos. En el Capítulo I del Título II se obliga a los operadores a firmar "un contrato de servicio público de transporte" con la administración autonómica donde se regula todo lo referente con el servicio, incluyendo las compensaciones económicas.
En cuanto al taxi, se persigue mejorar la calidad de este tipo de transporte, prohibiendo que los vehículos de más de 8 años de antigüedad puedan seguir circulando. En este sentido, se delimitarán áreas funcionales en todo el territorio autonómico con sus correspondientes tarifas para cada una de ellas. La aprobación de este anteproyecto comportará la creación de una serie de entes e instituciones que no requerirán gasto alguno pues ya funcionan hoy con un nombre distinto. La Agencia Valenciana de Movilidad será la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana y el Administrador de Infraestructuras es el actual Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat. En cuanto al Foro de la Movilidad será un órgano de participación ciudadana.