El Gobierno ha lanzado un aviso a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sobre su política en el barrio del Cabanyal a través de la Abogacía del Estado. En un informe fechado el 15 de septiembre, la abogada del Estado-jefe, Mª del Carmen Acedo, advierte de que la Orden del Ministerio de Cultura que paralizó el plan del Cabanyal no implica la denegación "indiscriminada" de licencias de actividad empresarial y de obra mayor y menor decretada en todo barrio por el gobierno local.
El informe de 13 folios, difundido ayer por Salvem el Cabanyal, la plataforma contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez, apunta que la suspensión del plan especial "sólo afecta a las obras que puedan causar expolio del patrimonio histórico", que es el terreno donde, según el artículo 149 de la Constitución, tiene competencia exclusiva el Estado.
El Ministerio de Cultura pidió informes al abogado del Estado en junio después de que el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, dijera que se habían suspendido al menos quince obras en el barrio como consecuencia de la orden de paralización por expolio del plan dictada en diciembre de 20009 por Ángeles González-Sinde. El plan de reforma (Pepri) del Cabanyal está en espera de una resolución del Tribunal Constitucional.
Examinarlas una a una
Según expone el "informe sobre el régimen jurídico aplicable en las obras del barrio del Cabanyal", para determinar qué licencias pueden o no concederse sin dañar el Conjunto Histórico protegido, "habría que distinguir si son de obra o actividad". A su vez, se debería "estudiar individualmente cada una de ellas", porque pueden ser para trabajos de conservación, rehabilitación o adecentamiento.
Habrá otras, añade la abogada del Estado, "que sean indiferentes a los objetivos de la conservación del patrimonio", y respecto a estas "tampoco existirían inconvenientes jurídicos tras su estudio técnico".
Lo mismo sucedería con las licencias de actividad empresarial, "en las que habría que distinguir su finalidad, ya que incluso algunas pueden contribuir a la conservación del Patrimonio Histórico, como las tradicionales o simbólicas del barrio".
A juicio de la abogada del Estad, únicamente deberían denegarse las solicitudes de licencias de demolición o transformación "que afecten a la conservación del Conjunto Histórico". La abogacía recuerda el "principio de proporcionalidad" y menor onerosidad con los derechos ciudadanos que debe regir en la actuación general de la administraciones.
Por tanto, concluye que la orden ministerial"no implica la indiscriminada denegación de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien, ubicado en el barrio del Cabanyal".
"Hacernos la vida imposible"
Tras hacer público el informe, la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal denunció en un comunicado "el trato discriminatorio y el castigo que está infringiendo el Ayuntamiento de Valencia" a este barrio negando desde hace meses las licencias. Para salvem, el objetivo del Consistorio es "degradar" esta zona de la ciudad y "hacer la vida de sus vecinos y comerciantes cada vez más difícil".
De las conclusiones del informe del abogado del Estado, fechado el 15 de septiembre, la plataforma contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez a través del barrio BIC entiende que si el ayuntamiento continúa denegando licencias incurrirá en prevaricación.
