Acequias, barracas, alquerías y molinos amplían la lista del patrimonio protegido

HORTENSIA GARCÍA VALENCIA La lista del patrimonio protegido de Valencia se ha ampliado de forma exponencial en la última revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los bienes de interés cultural (BIC) y los de relevancia local (BRL) ubicados en entorno urbano y rural suman 450, a los que se añaden cientos de edificios catalogados de menor rango. Sin embargo, en casos como la alquería del Pi y la Ceramo la protección podría llegar tarde debido a su estado ruinoso.

La revisión simplificada del PGOU de Valencia, ahora en fase de exposición pública, protege por primera vez 21 alquerías, tres molinos, 36 barracas, cuatro casas rurales, tres ermitas, 11 motores de agua, siete lenguas (partidores de las acequias), cuatro chimeneas industriales, cinco caminos históricos, 17 núcleos tradicionales y un huerto (el de San Enrique).
Entre las barracas que se protegen figura la Genuina, en Pinedo, cuyo propietario y restaurador instó a la protección del inmueble para blindarla en previsión de futuros planes urbanísticos. El ayuntamiento ha tenido en cuenta la solicitud ha incluido como Bien de Relevancia Local con protección integral (la máxima) y delimita un entorno de protección de cincuenta metros alrededor de la barraca donde no se podrán llevar a cabo actuaciones que puedan afectar visual o físicamente al bien protegido.

Pero la protección del patrimonio no siempre es bien recibida por los afectados. Éste es el caso de la red de acequias medievales del Tribunal de las Aguas, declarado Patrimonio de la Humanidad este año. Las comunidades de regantes mantienen un pleito con la Generalitat porque se oponen a que se declare Bien de Interés Cultural el sistema de acequias, azudes y partidores de agua bajo jurisdicción del Tribunal de las Aguas.
El motivo, aducen, es que las acequias son un patrimonio vivo y en pleno uso y la declaración BIC de cualquier bien aumenta las trabas para intervenir sobre ellos y los costes de mantenimiento. Los regantes no quieren tener que pedir permiso a la Conselleria de Cultura cada vez que haya reparar o limpiar las canalizaciones.

En consonancia con la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Valencia ha incluido en su catálogo como Bien de Relevancia Local las ocho acequias históricas (Tormos, Mestalla, Rascanya, Favara, Quart, Benager y Faitanar, Rovella y Mislata). Además de los nuevos edificios que se protegen, se eleva la protección de 18 alquerías, ocho molinos, cuatro barracas, cuatro casas rurales, una ermita y un motor de agua. En total, se incluyen en el nuevo plan general 306 BIC, 94 de los cuales están en Ciutat Vella —entre ellos la Lonja, las torres de Quart y Serranos, el mercado Central y los Santos Juanes— y 140 Bienes de Relevancia Local, entre los que figura el Molí dels Frares y el Molí del Sol —ambos en un estado bastante precario—, las alquería de Brosquil, Dels Moros y del Pino Hermoso y las ermitas de Sant Jordi y de Vera.
En suelo urbano, también se protegen entornos que estaban en lista de espera desde hace años. Es el caso del paseo de la Alameda y de los Jardines del Real que se declararán Bien de Relevancia Local.

El Consell Valencia de Cultura ha reclamado en varias ocasiones que se protegiera la histórica Alameda convertida en un gran aparcamiento en superficie. Se declarará igualmente Bien de Relevancia Local la fábrica de la Ceramo a requerimiento de la Conselleria de Cultura y tras infinitas denuncias de la plataforma cívica Cercle Obert.

Abrirlos al público
El afán conservacionista del nuevo PGOU responde a las exigencias de las nuevas normativas urbanísticas, de patrimonio y protección del paisaje que obligan a salvarguardar bienes como los caminos rurales, las chimeneas anteriores a 1940, los paneles cerámicos o las barracas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. Sin embargo, la protección patrimonial no implica necesariamente la salvaguarda del bien protegido. «Se protege con la intención de que se conserve pero lógicamente debe haber una estrategia» por parte de la administración, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, explica Miguel del Rey, autor del catálogo de arquitectura rural de Valencia.
Las normas urbanísticas del PGOU introducen como usos compatibles en alquerías, casas rurales y barracas actividades económicas de alojamiento rural, restauración y venta de productos artesanales con el fin de dar opciones de futuro a sus habitantes.
Otra posibilidad que apunta Miguel del Rey es establecer un régimen de visitas para el público (dos o tres días a la semana) en los BRL de titularidad privada de modo que los dueños puedan optar a algún tipo de ayuda pública, como ocurre con los BIC. Este arquitecto especialista en patrimonio rural asegura en cuanto al estado de conservación de los bienes catalogados que «hay de todo». Algunos edificios «están casi en ruinas» y otros como el patrimonio hidráulico «están en uso y se conservan bastante bien» pese al daño que han hecho algunos PAI.
El sistema de caminos rurales «no es difícil de proteger y apoyaría muy bien la idea de redes verdes que aten la ciudad con el territorio». «Habría que regularlos y hacer pequeñas intervenciones para que no se conviertan en calles para el tráfico», apunta del Rey.
La declaración de BIC está muy clara en cuanto a los criterios de intervención y las subvenciones. Los BRL, de rango inferior a los BIC, tienen unos criterios de intervención más difusos que quedan en manos de los ayuntamientos —en Valencia se han fijado cuatro grados de protección—.
En relación a la respuesta de los propietarios de los bienes catalogados, Miguel del Rey explica que «hay personas que se han ofendido porque no hemos incluido su casa y otros que que se han molestado por haberlo hecho». Cree que esto aflorará en la fase de alegaciones y confía en que el catálogo «se enriquezca» en el proceso de exposición al público.