El concejal de Relaciones con los Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, señaló que la intención del consistorio, anunciada por la alcaldesa, Rita Barberá, de impugnar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, se debe a que «van a incluir una medida arbitraria y sectaria como es la prohibición de contraer nuevos créditos a ayuntamientos como el de Valencia, que está por debajo del nivel de endeudamiento del 110%, y no porque reduzcan escandalosamente las inversiones en la ciudad».
El edil reprochó además a la portavoz socialista en el consistorio, Carmen Alborch, «no enterarse de nada», por decir que la alcaldesa «jamás» mostró su voluntad de impugnar los PGE elaborados por el Gobierno de José María Aznar, a pesar de que «escatimó las inversiones para la ciudad».
La medida incluida en los PGE de 2011, en opinión de Dominguez, «es arbitraria y sectaria», porque con ella el Gobierno de Zapatero «ha buscado beneficiar a los ayuntamientos del PSOE y perjudicar a los vecinos de Madrid y Valencia donde gobierna el PP». Además, recordó que es una decisión que genera «inseguridad jurídica, porque el Gobierno permitió a los ayuntamientos endeudarse hasta el 125% en 2010, y ahora de repente, en una decisión electoralista, cambia las reglas del juego con la única finalidad de perjudicar a Madrid y Valencia».
Domínguez señaló que el proyecto de Ley de PGE para 2011 reduce las inversiones en Valencia en más del 20% con respecto al año pasado. Sobre esta merma manifestó que «el Gobierno merece que le impugnemos políticamente por su afán en perjudicar a Valencia, mientras beneficia a ciudades como Barcelona, donde construirá la biblioteca más grande de España».
Pero «sólo podemos impugnar judicialmente los presupuestos por algo que pensamos que es ilegal, desgraciadamente no podemos hacerlo por ser injustos con Valencia en cuanto a inversiones, esto es una decisión política censurable, que tendrá en las urnas su jurado popular», afirmó el concejal.
