La auditoría de ingresos y gastos del ejercicio 2009 de la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia revela que el 37% (246 millones de euros) del gasto presupuestario del año pasado se hizo al margen de la legalidad, frente al 51,4% que cumplió las normas. El principal reparo "significativo" o severo del interventor son las contrataciones realizadas sin cobertura presupuestaria ni fiscalización previa, así como la ausencia de concurso público.
Dentro del gasto se incluyen las subvenciones y transferencias autorizadas por la corporación, el 35% (19 millones de euros) de las cuales se adjudicaron sin proceso de concurrencia, sin fiscalización previa y sin justificación suficiente. Los auditores ponen reparos a esta práctica y recuerdan que la Ley General de Subvenciones obliga a tener un Plan Estratégico de Subvenciones para mejorar el control de estas aportaciones.
Los auditores ponen reparos al 38% del gasto en inversión por las causas "habituales" y "repetidas" en auditorías anteriores como son los gastos sin autorización, sin cobertura presupuestaria y los sobrecostes.
La auditoría también fiscaliza el servicio de gestión de multas, en manos de Martínez Centro de Gestión desde octubre de 2007, que no sale bien parado pues recibe reparos significativos a un tercio de las multas tramitadas en 2008. Las causas de la amonestación son la inexistencia del boletín de denuncia del agente, la inexistencia de notificación y que no se acredita la notificación de la sanción correctamente aprobada al infractor. El informe de intervención aconseja al ayuntamiento que estas multas prescriban por defecto en la tramitación.
Los auditores han analizado 286 de los 38.121 expedientes de multa por infracción de tráfico incoados durante el primer semestre de 2008 por un importe global de 4,9 millones de euros. La cuantía de las multas varía entre 3 y 601 euros. El 36,7% de las multas ha recibido reparos del interventor.
El informe de fiscalización interna de 2009 ha puesto la lupa sobre las inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) dado su peso sobre el conjunto del presupuesto. Los rigurosos procesos de contratación del primer plan Zapatero, que obligaba a convocar concurso público en todas las obras, han mejorado los índices de transparencia en la contratación del Ayuntamiento de Valencia hasta el punto que el volumen contratado a través de los "encargos a contrata" (sin concurso público o a dedo) ha pasado de representar el 52% de 2008 al 10% en 2009.
El interventor recuerda un año más que los encargos a contrata "no son ninguna modalidad de contratación", sino una figura excepcional de la que el ayuntamiento ha hecho un uso abusivo en los últimos años.
La auditoría pone reparos al 37% de las inversiones del plan Zapatero y concluye que se han cumplido los objetivos de empleo que lo impulsaron más por mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas adjudicatarias que por creación de nuevos puestos.
Los auditores ponen en solfa el elevado número de contratos del fondo Zapatero que no se han adjudicado a las mejores ofertas y el hecho de que no se ha justificado las situaciones de desempleo que exigía el Gobierno.
Dentro del plan Zapatero se han adjudicado 158 proyectos por un importe de 134,5 millones de euros sobre los 141 previstos, lo que supone una baja del 4,70%. A la fecha de redactar el informe había 154 proyectos tramitados completamente por un importe de 130,8 millones.
Gasto corriente desbocado
Los auditores señalan como un vicio enquistado en el ayuntamiento los reconocimientos extrajudiciales de crédito vinculados a gastos realizados sin cobertura presupuestaria que se arrastran de un año para otro.
Los gastos corrientes vinculados a facturas de las contratas municipales representan el 68,6% de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, las denominadas facturas en el cajón.
El servicio de recogida de basura (29 millones) es el principal causante del desajuste, seguido del de urbanismo (25 millones), el de Servicios Centrales (14), el de Circulación (9) y el de alumbrado (7 millones) son los que más echan mano del gasto sin cobertura. Por proveedores o contratistas, destacan las facturas pendientes con el EMTRE, las contratas de recogida de la basura (FCC, SAV e Imesapi) e Iberdrola (con certificaciones superiores a los cinco millones de euros).
El ayuntamiento pagó en 2008 facturas en el cajón por valor de 61 millones de euros, cantidad que al año siguiente pasó a 139 millones, un 95% más, destaca la auditoría de Intervención.
Barberá "intensifica la contratación furtiva"
El concejal socialista Juan Ferrer hizo ayer una primera valoración de la auditoria a las cuentas municipales. Destacó que en el documento " no hay nada por lo que los gestores de ayuntamiento deban sentirse satisfechos, mas bien al contrario". "Pese a la rigidez de trámite del plan Zapatero, los reconocimientos de obligaciones suben, las facturas en los cajones suben y la contratación vulnerando la ley sube". "El ayuntamiento aumenta la opacidad, intensifica la contratación furtiva y vulnera la normativa cada año mas intensamente", remachó Ferrer.
El concejal de la oposición destacó en relación al gasto en bienes y servicios que la mala gestión aumenta respecto de 2008 ya que el gasto satisfactorio que en 2008 se cifraba en el 67,7%, cae "dramáticamente" al 44%.
