La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy que el Ayuntamiento "desconoce" las decisiones que toma Emarsa, empresa pública que gestiona la depuradora de Pinedo, y ha anunciado que denunciará a la socialista Carmen Martínez por apuntarla como responsable de las irregularidades contables detectadas.

Barberá, que ha presidido la entrega de premios y distinciones de la ciudad de Valencia, ha respondido así a la secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, quien esta mañana la ha acusado en rueda de prensa de "estar necesariamente enterada de lo sucedido y beneficiar a gente del entorno del PP".

"Me temo que esta señora, que yo no conozco, ha ido más allá de lo que permite la propia dialéctica política y, como no tengo reparo en ir a los tribunales a denunciarla por imputarme algo que es falso, estoy dispuesta a hacerlo", ha afirmado.

Según Barberá, el Ayuntamiento de Valencia "no tiene nada que ver con la gestión directa de otras instituciones" y "desconoce" la gestión de la depuradora de Pinedo, por lo que está "dispuesta a denunciar esa falsa imputación".

Para la alcaldesa de Valencia, la dirigente socialista "ha ido más allá en su ansia de vincularla a algún caso" que a su juicio no existe, y ha insistido: "Simplemente, voy a denunciarla".

"No tengo nada más que decir porque esta casa (en alusión al Ayuntamiento de Valencia) no tiene ninguna responsabilidad en la toma de decisiones de esa empresa", ha afirmado Barberá, que ha remarcado su desconocimiento de la gestión de Emarsa y su intención de denunciar a la responsable provincial socialista.

El PSPV ha alertado hoy del "nuevo caso de corrupción" que suponen, según los datos de que disponen, las irregularidades contables detectadas en la gestión de la depuradora de Pinedo que gestiona la empresa pública Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).

Martínez y el portavoz socialista en Emshi, Ramón Marí, han informado de que el interventor y el secretario de esta empresa pública han elaborado un informe que denuncia la "improcedencia" de pagos a proveedores por un importe de más de 1,1 millones de euros.