El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la petición de los 14 chiringuitos del paseo marítimo de Valencia de modificar sus concesiones para tener 50 metros de terraza. Se trata de un trámite obligatorio para cumplir el acuerdo alcanzado entre la Demarcación de Costas y estos hosteleros, que consiste en reducir sus terrazas actuales a 50 metros a cambio de negociar posteriormente unas concesiones a 15 ó 20 años. Ahora, estas concesiones estarán expuestas al público durante 20 días y a partir de entonces se adoptará la decisión final, que, como se ha dicho, ya está pactada. Todo según lo previsto.

Aún así, la publicación del boletín oficial ha causado indignación en el Ayuntamiento de Valencia. Su concejala de Playas, Lourdes Bernal, asegura que esta publicación es una "trampa", pues habla de modificar la concesión para "la ampliación de su superficie en 50 metros cuadrados de terraza descubierta" cuando en realidad "no se trata de ampliar superficie, sino de reducirla nada menos que en 100 metros cuadrados, puesto que el permiso del que disponen es para 150 metros".

Bernal destaca también la contradicción que supone el hecho de que se haya abierto un plazo de 20 días para presentar alegaciones y, sin embargo, "el plazo para que los hosteleros desmonten sus instalaciones actuales concluye el día 16 de este mes, es decir, que no hay tiempo material para conjugar ambos requisitos".

Aún así, la concejala asegura que se van a presentar "todas las alegaciones, documentos e informes que sea necesario para defender la actividad y la permanencia de los restaurantes".

En cualquier caso, todo parece indicar que las terrazas sobrantes tienen los días contados. El propio Ayuntamiento de Valencia comunicó ayer al presidente de la asociación de hosteleros de la Malva-rosa, Miguel Cueca, que no es necesario tener licencia de obras para recortar sus terrazas, pues se trata de elementos desmontables que no precisan de este tipo de permisos.

Los hosteleros, de hecho, han tomado la decisión de aguantar las terrazas hasta que pase el puente del Pilar y al día siguiente empezar a desmontar los cerramientos que no se ajusten a la ley o al acuerdo alcanzado con la Demarcación de Costas.

Posteriormente, cuando pasen unas semanas, tienen previsto reunirse de nuevo con los representantes del Gobierno para, una vez cumplida su parte del trato, negociar la ampliación del periodo de concesión.