Los objetivos de generación de empleo del plan Zapatero han acabado, al menos en parte, en papel mojado. Así al menos lo evidencian los más de 30 expedientes que ha abierto el Ayuntamiento de Valencia a empresas adjudicatarias de las obras por incumplimiento de las condiciones de trabajo. El incumplimiento de los criterios de contratación ha sido uno de los principales reparos del informe de la Intervención General de 2009.

La última empresa sancionada, con 5.800 euros, es la que ha llevado a cabo la rehabilitación de las cubiertas del mercado del Cabanyal. La empresas Iniciativa para la Construcción y Obra Civil (Incoc) resultó la adjudicataria en abril de 2009, al concurso se habían presentado otras 13 constructoras.

En el acuerdo de adjudicación se fijaba un coste de 584.000 euros, un plazo de 100 días y trabajo para 41 personas, 32 de nueva contratación y 9 que ya trabajaban para la empresa. La empresa ofertó 3.200 días de alta en la Seguridad Social para los trabajadores de la obra, pero tras la conclusión de la misma y la presentación de los documentos de la Seguridad Social, el Ayuntamiento ha comprobado que los días de alta han sido 1.360. Como resultado de este expediente sancionador el informe del ayuntamiento establece que la empresa dijo que había dado de alta a los trabajadores 1.807 días en la seguridad social, pero en realidad han sido 1.360 lo que se considera una falta muy grave.

Si la empresa hubiese ofertado esos 1.360 días de alta para los nuevos contratados, hubiese sido adjudicataria la oferta de Secopsa.

La creación inmediata de empleo era uno de los objetivos prioritarios del plan gubernamental y por tanto la oferta de puestos de trabajo (traducidos en "altas" en la seguridad social) era una de las condiciones más valoradas junto con el coste ofertado.

Los requisitos sobre creación de empleo provocaron en los inicios del plan cierta confusión. La propia alcaldesa pidió explicaciones al Ministerio de Política Territorial al entender que indirectamente se estaba provocando que las empresas enviasen al paro a sus empleados para volver a contratarlos de nuevo. El ministerio aclaró que debían combinarse personas de la plantilla de cada empresa con personas en situación de desempleo.