Valencia y Paiporta se unen para presentar alegaciones a la prisión de terceros grados

Paiporta convoca una asamblea el día 21 y una manifestación por el pueblo el sábado, día 23

 

J. P./V. C. VALENCIA
Los ayuntamientos de Valencia y Paiporta presentarán alegaciones conjuntas contra la construcción de un Centro de Inserción Social (CIS) en el término municipal de la capital pero pegado al casco urbano paiportino. Es más, el Ayuntamiento que preside el popular Vicente Ibor ya ha comunicado a la Delegación del Gobierno la celebración de una manifestación el próximo 23 de octubre contra esta prisión destinada a reclusos en tercer grado. El que preside Rita Barberá, sin embargo, se está manteniendo en un discreto segundo plano. Ayer no hizo un pronunciamiento oficial al respecto ni ha comunicado acto de protesta alguno.
La decisión de presentar alegaciones conjuntas se adoptó ayer en una reunión a la que asistieron el alcalde de Paiporta, Vicente Ibor; su concejala de Urbanismo, Isabel Chisbert; y la concejala de Bienestar Social de Valencia, Marta Torrado, que en su condición de diputada nacional también elevó en su día varias preguntas al Congreso de los Diputados.

Un "despropósito"
Tras la reunión, el Ayuntamiento de Paiporta emitió un comunicado en el que Ibor anunció que ambos municipios presentarán alegaciones conjuntas para "exigir al Gobierno de España que dé marcha atrás a este despropósito". "Dichas alegaciones, esbozadas en este encuentro, se cerrarán en los próximos días con la colaboración de los técnicos municipales de Urbanismo de ambos consistorios", precisa.
El Ayuntamiento de Paiporta también ha convocado a los vecinos a una reunión que se celebrará el próximo jueves, 21 de octubre, a las siete de la tarde, en el salón de plenos; y dos días después, el sábado 23, ha organizado una manifestación de protesta por las calles del pueblo.
En esa manifestación, a la que se prevé la asistencia de unas mil personas, está previsto organizar una marcha de vehículos, tractores y hasta caballos para visualizar sus disgusto.
La comunicación de las protestas a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se ha hecho por el procedimiento de urgencia dado que los particulares y las instituciones apenas tienen 15 días para presentar alegaciones antes de que la expropiación de los terrenos sea efectiva. Según Ibor, en estos días muchos vecinos de la localidad se están dirigiendo al consistorio para constatar su disconformidad con el proyecto y pedir una acción contundente.

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