La concejala socialista Ana Botella se personó ayer con un notario en la sede de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau para reclamar información sobre facturas que el grupo Laterne cargó a la fundación por trabajos supuestamente no prestados. La subdirectora de la fundación, financiada en un 80% por el ayuntamiento, recibió a la concejala y le informó de que tenía orden de no facilitarle información.
El notario levantó acta de la negativa de la fundación a facilitar los contratos al PSPV, que lleva meses reclamando las cuentas al primer teniente de alcalde y presidente de TVCB, Alfonso Grau. Tras la visita, Botella anunció que estudiarán acciones legales contra la "actitud caciquil y predemocrática" de Grau quien el día anterior ya advirtió de que TVCB no estaba considerada una entidad del sector público sino una institución privada y por tanto está sometida al control político.
Botella cree que como concejala le asiste el derecho a exigir información sobre los contratos sin concurso público que está haciendo la fundación. Según Botella, Laterne -una de las firmas que contrató con Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel- ha cobrado al menos 700.000 euros de la fundación.
Botella se personará hoy en el CEyD, que sí es una entidad del sector público, para pedir sus contratos.
Registro de fundaciones saturado
Conocer las cuentas de TVCB es una tarea complicada ya que el registro de fundaciones de la Conselleria de Justicia donde las instituciones sin ánimo de lucro están obligadas a depositar sus cuentas tiene un atasco considerable. La falta de personal en el registro y el cada vez mayor número de fundaciones (en estos momentos hay registradas 670) creadas por el gobierno del PP provoca retrasos de dos años en el depósito de las cuentas. Los últimos datos disponibles de Valencia Turismo son los de 2008.
La opacidad en los gastos de las fundaciones ha sido motivo de reparo en el informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia. En 2009, se hicieron aportaciones a las fundaciones por importe de 19 millones de euros sin concurrencia pública.
