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El Ayuntamiento de Valencia ha tenido que recurrir a la ingeniería financiera para garantizarse el mantenimiento de sus servicios en 2011, año en el que no podrá seguir pidiendo créditos al superar con mucho el límite de deuda del 75% establecido como tope por el Gobierno. La maniobra consiste en solicitar un crédito extraordinario para refinanciar 170 millones de deuda y aprovechar la carencia de dos años del nuevo préstamo para no pagar nada el año que viene. "Una maniobra hábil", admitieron los socialistas, si no fuera porque el nuevo crédito tendrá un interés muy superior al crédito actual, lo que convierte la operación en "ruinosa".

Esta maniobra económica se enmarca dentro de la cuarta modificación de créditos del presupuesto municipal de 2010, principal tema de debate del pleno municipal celebrado ayer. El propósito del equipo de gobierno es incrementar ese presupuesto en 190 millones de euros, definiendo los gastos y explicando de dónde va a salir el dinero.

El objetivo principal será refinanciar 170 millones de deuda, es decir, pagará créditos de ese importe suscribiendo otro por la misma cantidad. De esa manera, se beneficia de los dos años de carencia (moratoria en el pago) del nuevo préstamo y no tiene que pagar nada el año que viene, un año crítico para la hacienda local después de que la Administración Central haya prohibido seguir endeudándose a los municipios cuya deuda supere el 75% de sus ingresos, entre los que está Valencia, con el 109%.

Para Juan Ferrer, portavoz de Economía del Grupo Municipal Socialista, se trata, sin embargo, de una situación "ruinosa", pues los créditos actuales tiene un interés del euribor más el 1,10, 1,15 o 1,25 por ciento y el nuevo será como mínimo del euribor más el 2,65%.

Ocurre además, según Ferrer, que a falta de dos meses para cerrar el ejercicio, el Ayuntamiento tendrá problemas para firmar el nuevo crédito, ya que para "colocar" los 31 millones anteriores se necesitaron cinco meses y en esta ocasión también hace falta la autorización de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, dijo que la obligación de un buen Gobierno es adelantarse a las situaciones y resolverlas de forma legal, como es el caso. El problema, a su juicio, es "la arbitrariedad" del Gobierno al fijar el límite de deuda en el 75% para poder pedir préstamos.

Proyectos que suben o caen

Los 20 millones restantes hasta los 190 de la modificación presupuestaria se justifican con un amplio capítulo de altas y bajas. La idea del Ayuntamiento es hacer una ampliación de capital de la EMT por valor de 11 millones, comprar suelo (4,2 millones), construir nichos en el cementerio (2,8), comprar programas informáticos (0,9), o readaptar del entorno de Tabacalera (0,3).

Y para sufragar estos planes, el Ayuntamiento suprimirá gastos del presupuesto por una cantidad similar. Los 8 millones que tenía que dar al Consorcio Valencia 2007, junto a 3 millones que se sumarán al crédito de refinanciación de la deuda (en total serán 173), servirán para la ampliación de capital de la EMT. Así mismo, se suprimirá una anualidad del nuevo Pont de Fusta (2,9 millones), la alcaldía de Castellar Oliveral (2,3), el Centro de Mayores de Monteolivete (0,8), las obras de emergencia de San Vicente de la Roqueta (2,3) y la rehabilitación del Mercado del Grao (0,2).

Silvestre Senent aseguró que estos proyectos no se pierden, sino que serán sufragados ahora con el Plan Confianza de la Generalitat Valenciana. Juan Ferrer reprochó al concejal popular el desorden presupuestario y le pidió mayor firmeza ante las presiones de sus concejales.

OTROS ASUNTOS

Distendido y a veces tenso transcurrió el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Valencia. La parte económica se lo llevó casi todo, como el Cabanyal dominó en las pancartas que lucen en el hemiciclo. La negación de la palabra a Carmen Alborch cuando intentaba intervenir por alusiones o las alusiones a la "hombría" de Jorge Bellver respondidas por la oposición golpeándose el pecho como gorilas, fueron algunas de las "anécdotas.

La transparencia de las fundaciones tendrá que esperar

La primera moción vista ayer la firmaba la concejala socialista Ana Botella, y la portavoz del grupo, Carmen Alborch. Pedían un régimen de transparencia contable en todas las fundaciones y entidades -contaban 19- que fueran financiadas en más de un 50% por el Ayuntamiento. Alfonso Grau la rechazó amparándose en la legalidad vigente e instó a Alborch, en su condición de senadora, a que proponga un cambio de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para modificar esta norma. "Al día siguiente yo la cumplo", dijo.

Diálogo de sordos sobre la protección del ayuntamiento

El concejal socialista Juan Soto propuso al PP que se abstenga de declarar el edificio consistorial como Bien de Relevancia Local, pues, como sede del Museo Histórico, ya es Bien de Interés Cultural (BIC) y eso sería rebajarle su protección. Jorge Bellver respondió diciendo que le da esta calificación porque si quitan el museo, no tendría nada, a lo que Soto respondió preguntándole si es que piensa llevarse el museo y por eso se pone en tal "situación preventiva". Para resolver el asunto, el socialista propuso que se impulsara su declaración como BIC por sí mismo, como edificio monumental, a lo que Bellver respondió asintiendo.

Las subvenciones impiden una salida a la paja del arroz

La retirada de la paja del arroz sigue sin resolverse. Ayer la concejala socialista Carmina del Río pidió al pleno que reclame a la Generalitat las plantas de biogás que prometió y entre tanto se queme esa paja para no contaminar la albufera. Pero lo que parecía un acuerdo fácil se tornó negativa. Vicente Aleixandre, responsable del tema, dijo que si se quema la paja, la UE retira la subvención de 500 euros por hectárea, que es lo que, según dijo, mantiene vivo el arrozal. En su opinión, lo que hay que hacer es fanguear para evitar la contaminación, algo que hace Valencia y que no hacen otros pueblos por motivos políticos, dijo. Del Río recordó que con apenas 5 de lo 20 millones de las subvenciones se resolvería el problema. "Lo que quieren es quedarse el dinero y no retirar la paja", dijo

Desinterés de Barberá por los presupuestos del Consell

En el apartado de ruegos y preguntas, el socialista Rafael Rubio preguntó al equipo de Gobierno municipal si pensaba cambiar la calificación a los tres edificios que la Generalitat piensa sacar a subasta: la Cigüeña, el edificio de la Seguridad Social de Colón y la Conselleria de Industria. curiosamente, aquí intervino la alcaldesa y lo hizo para asegurar que el jueves no miró los presupuestos del Consell porque estaba "muy ocupada" viendo los incumplimientos del Gobierno. "Ese es el problema, que no se preocupa de lo que debe", espetaron desde el banco socialista.

El Mercado Central enfrenta a gobierno y oposición

Al hablar de incumplimientos del Gobierno, Barberá se refería a la pescadería del Mercado Central. El delegado del Gobierno dijo ayer que las obras han estado condicionadas por los retrasos del Ayuntamiento y la concejala María Jesús Puchalt respondió que las obras están en marcha gracias al consistorio y a la financiación municipal.