La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia ha decidido tomar la iniciativa en la lucha contra la prostitución callejera después de que la Fiscalía archivara la investigación sobre el proxenetismo en el barrio chino.
Según María José Broseta, presidenta de la entidad, la próxima semana se reunirá con las asociaciones de los barrios donde sufren este problema para estudiar posibles soluciones y trasladarlas al Ayuntamiento.
Sobre la mesa estará la ordenanza-modelo aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que sanciona tanto a las mujeres como a los clientes.
María José Volta, portavoz de la Asociación de Vecinos de Palleter, la más directamente afectada por el barrio chino de Valencia, explicó que ya a primeros de año se dieron los primeros pasos en este camino e incluso en una reunión con la Policía Local antes del verano sus responsables prometieron la elaboración de una ordenanza en este sentido.
Esa normativa, sin embargo, no ha visto la luz y tampoco la vía judicial, que era la otra alternativa, ha dado los resultados esperados. La Fiscalía de Valencia archivó la investigación sobre el barrio chino al no encontrar delitos de proxenetismo, decisión que indignó a los vecinos y que, junto con la pasividad municipal, les ha llevado a recuperar la iniciativa.
Según María José Broseta, a primeros de mes tiene previsto reunirse con las asociaciones de Velluters, Malva-rosa, Pinedo, La Punta o Nazaret para analizar este problema y escuchar las propuestas de las personas directamente afectadas por el mismo.
Ordenanza marco
El punto de partida será la ordenanza marco aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias, ordenanza que, con algunas modificaciones, ya se ha puesto en marcha en ciudades como Barcelona y más recientemente Alicante. En estos textos se prohíbe el ejercicio de la prostitución en la calle a menos de 200 metros de viviendas, colegios, hospitales etc, es decir, saca la prostitución de las ciudades. Sanciona, así mismo, a los clientes sorprendidos haciendo uso de estos servicios, uno de los asuntos que más polémica e incluso rechazo despierta.
Cuando se haya tomado una decisión sobre las medidas a adoptar, la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia se pondrá en contacto con el Ayuntamiento para informarle de las mismas e instarle a recogerlas en una ordenanza dirigida concretamente a este problema.
Broseta asegura que hay muchas normas, entre ellas la relativa a la ocupación de la vía pública, que o no abordan el conflicto decididamente o no se cumplen. Sugiere, por tanto, que esta vez sea distinto. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado recientemente el interés por resolver este asunto en los términos que ha recogido la FEMP.
