El colegio de aparejadores de Valencia era ayer un polvorín tras la denuncia de diversas constructoras que aseguraban que el ayuntamiento les está "llevando a la ruina" al retrasar entre seis y doce meses la concesión de las licencias de obra menor en tres de las juntas municipales de la ciudad (Abastos, Russafa y Marítim). Así lo afirmaron ayer algunos empresarios que se sumaron a la denuncia realizada el pasado martes para exigir "una solución porque no podemos trabajar. Tenemos clientes y no podemos empezar las obras previstas. Las empresas más pequeñas ya han cerrado y las que sobrevivimos nos estamos asfixiando".
Y el apoyo de la asociación de vecinos del Cabanyal no se ha hecho esperar. La entidad vecinal puso en duda la "capacidad de gestión" de la junta municipal del Marítim, "si no se aumenta el personal técnico que debe supervisar toda la documentación", ya que además, "se están solicitando los mismos documentos tanto para pintar la fachada de un edificio de planta baja como para construir un edificio de nueva planta de 5 alturas".
Los permisos, suman y siguen
"Los vecinos sabemos que la 'curiosa' suspensión de licencias que estamos sufriendo en nuestro barrio hace que se sigan tramitando nuevos y voluminosos expedientes, cuya última resolución queda en el aire por voluntad del equipo de gobierno. Todo un derroche de energías de los funcionarios que, finalmente, archivan las solicitudes en un cajón, hasta nueva decisión política", añadieron.
Por ello, la asociación de vecinos del Cabanyal animó a todos los afectados que tengan paralizadas las licencias de obras y actividades en el ámbito del Pepri, "a que ejerzan las acciones legales que les parezcan oportunas y denuncien públicamente los hechos, para que el equipo de gobierno municipal se vea obligado a recapacitar sobre su arbitraria decisión". Además, les instaron a dirigirse al Ministerio de Cultura "para establecer de común acuerdo los términos en que se debe aplicar la Orden Ministerial que mantiene suspendido el Pepri del Cabanyal-Canyamelar, siempre buscando que el interés general de este barrio sea el que guíe las decisiones políticas de las administraciones".
Sin embargo, las empresas afectadas reconocían ayer "tener miedo" de "posibles represalias" por parte del ayuntamiento porque "el bloqueo de licencias implica nuestro fin".
