La titular del juzgado del Registro Civil número dos de Valencia, que es el único que tramita matrimonios, ha frenado en once meses 23 bodas entre inmigrantes y españoles al tener constancia de que eran de conveniencia. La policía examina al mes en Valencia ochenta expedientes matrimoniales entre extranjeros y españoles, y sospecha que uno de cada cinco puede ser fraudulento. La mayoría de las simulaciones se están cometiendo fuera del partido judicial de Valencia ya que los contrayentes confían en tener que superar menos trabas.
El último caso que trascendió, como publicó Levante-EMV el 6 de diciembre, ocurrió en Cullera. El juez de paz de Cullera, que es el encargado del Registro Civil, alegó en el auto en el que denegaba el matrimonio de un ciudadano salvadoreño con una búlgara que el supuesto novio en realidad quería beneficiarse de la ciudadanía comunitaria de la mujer. El auto definió al novio como "un conseguidor de matrimonios" de conveniencia porque, según el juez, ya había concertado alguna boda fraudulenta.
Fuentes policiales explicaron que los juzgados remiten a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación -Ucrif- los expedientes de los matrimonios entre un español y un extranjero en cuanto detectan la mínima posibilidad de fraude. Los inmigrantes que tratan de regularizar su situación en España con las conocidas como "bodas blancas" son, sobre todo, de origen brasileño, colombiano y ecuatoriano.
Los inmigrantes pagan entre 2.000 y 14.000 euros por una boda de conveniencia que les permita acceder al permiso de residencia El negocio de los matrimonios fraudulentos está controlado por grupos organizados. Además, internet está lleno de anuncios de particulares que ofrecen casarse con inmigrantes a cambio de dinero.
El Cuerpo Nacional de Policía en Valencia también ha comprobado que inmigrantes indios y pakistaníes que residen en la Comunitat Valenciana han contraído matrimonios de conveniencia en países de la Unión Europea para burlar los controles administrativos españoles. Los agentes detectaron que algunas valencianas de etnia gitana se desplazaron a Holanda a cambio de 2.000 euros para casarse con inmigrantes que viven en Valencia.
En los dos últimos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado siete grandes operaciones contra las redes de matrimonios falsos con valencianos implicados. El último gran golpe fue hace cuatro meses contra una red que organizaba "bodas blancas" entre valencianas e inmigrantes en Barcelona. La policía arrestó en Valencia a cuatro contrayentes y apresó a otro centenar de implicados en Madrid y Cataluña. La organización cobraba 3.000 euros por enlace.
"Ni siquiera compran los anillos"
El juzgado de Cullera ha detectado en el último año una docena de solicitudes de matrimonio entre ciudadanos iberoamericanos y comunitarios que podrían ser fraudulentos. El juez también sospecha que ciudadanos armenios y georgianos tratan de casarse para lograr la residencia. El responsable del Registro Civil explica en un auto, al que ha tenido acceso este periódico, que la mayoría de los solicitantes sospechosos "ni siquiera compran los anillos". El juez lamenta que "hasta hace muy poco" la mayoría de las personas que intentaban regularizar su situación en España con un matrimonio de conveniencia lo lograban. Los magistrados valencianos y el Cuerpo Nacional de Policía han extremado en los últimos meses los controles para evitar el fraude.
