La alcaldesa de Valencia, apoyada por el Consell de Francisco Camps, agitó ayer la bronca contra el Gobierno a cuenta del plan especial del Cabanyal. Transcurrido un año de la publicación de la orden del Ministerio de Cultura que paralizó el plan urbanístico de la prolongación de Blasco Ibáñez por entender que supone expolio del patrimonio histórico, Rita Barberá y el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, anunciaron una querella conjunta por delito de prevaricación contra la ministra.
La alcaldesa negó que este nuevo frente judicial contra el Gobierno sea una estrategia electoral con vistas al 22M. Aprovechó para culpabilizar al Gobierno por el bloqueo de las licencias que crispa los ánimos de comerciantes y pequeños empresarios del Cabanyal y que políticamente podría pasar factura al PP.
La alcaldesa ya amenazó con querellarse por prevaricación ("resolución arbitraria de la autoridad a sabiendas de su injusticia") contra Ángeles González-Sinde cuando se aprobó la orden de paralización de los derribos. Barberá explicó que han tardado un año porque estaban recabando informes para sustanciarla.
El encargado de fundamentar la querella ha sido el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado. El experto ha emitido un duro informe que pone en solfa la orden ministerial y concluye que incurre en "arbitrariedad" por "infundada e irracional" y en "desviación de poder".
La orden de Ángeles González Sinde se sustanció en cuatro informes: el de su subdirector de Protección de Patrimonio, el del director del Museo de la Cerámica González Martí, el de la Real Academia de Historia y el del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.
La querella se formalizará ante el Tribunal Supremo, explicó Barberá, quien emplazó al Gobierno a rectificar y a devolver la legalidad a la comunidad autonómica y al ayuntamiento retirando el recurso contra el decreto-ley de enero de 2010 del Consell que blindó el plan especial del Cabanyal. "A partir de ahí, podemos sentarnos a hablar", dijo la alcaldesa.
Lo que parecía un gesto de mano tendida al Gobierno para resolver después de una década el abandono y la degradación del Cabanyal fue matizado de inmediato por la regidora. Barberá remachó que no renunciará a la prolongación de Blasco Ibáñez ni está dispuesta a sentarse con "los violentos". Barberá volvió a lanzar insinuaciones contra Salvem el Cabanyal y los vecinos contrarios a la prolongación y apuntó que no se va a "doblegar" ante la "violencia verbal, física o del BOE".
El vicepresidente del Consell estuvo más conciliador y pidió a Zapatero que retire el recurso en el Constitucional. "Una sociedad no avanza paralizando las cosas", apuntó Cotino, quien insistió en que el Gobierno "está a tiempo de rectificar" y "no es necesario que tres administraciones" estén inmersas "en procedimientos judiciales para retrasar lo que necesita un barrio".
El dictamen de Muñoz Machado -el "primer catedrático de Derecho Administrativo de España", en palabras de Barberá- se aportará a los recursos interpuestos por las administraciones valencianas, que ahora se acumularán, ante la Audiencia Nacional. La junta de gobierno aprobará el viernes la querella y el Consell hará lo propio en próximos días.
