La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró ayer, en relación a la querella que presentarán el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana contra ella por prevaricación en el Cabanyal, que "cuando una administración recurre a una querella es que no tiene otros argumentos de peso". "Esperaré a que la justicia actúe y a tener la notificación e iremos viendo cuál es el proceso", señaló la ministra tras participar en la entrega de unos premios en declaraciones recogidas por Europa Press.
La delegada del Gobierno, Ana Botella, salió en defensa de la intervención del Ejecutivo central en el Cabanyal y aseguró que ha actúa avalado por informes favorables de la abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Preguntada por si considera que la querella tiene fundamento legal, Botella aseguró que "no podemos ni debemos entrar a valorar esa cuestión".
En línea con la delegada del Gobierno y ex concejala del ayuntamiento de Valencia, se pronunció la portavoz del grupo municipal socialista. Carmen Alborch señaló que "el equipo de gobierno municipal no puede pretender que un dictamen jurídico encargado y pagado por él tenga mayor validez legal que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, que instan al Gobierno a dictaminar sobre la existencia o no de expolio".
A juicio de la portavoz de la oposición, Barberá, intenta "presionar a los tribunales" con su anuncio, "en su campaña electoral permanente contra el Gobierno".
La plataforma Salvem El Cabanyal, por su parte, acusó al Ayuntamiento de Valencia y al Consell por "comprar" con dinero público informes "a medida que sigan las directrices políticas que desde el PP se les dicta" en la actuación sobre este barrio marítimo de la capital valenciana.
Salvem asegura que en 1999 el PP ya compró informes para contrarrestar el del jefe de Inspección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura crítico con los derribos en el barrio Bien de Interés Cultural.
